El Govern de José Ramón Bauzá remitió al juez José Castro alrededor de 1.500 facturas abonadas a diversos proveedores entre los años 2004 y 2007, pero ninguno de ellos cercano al entorno del expresident investigado en la pieza 28 del ‘caso Palma Arena'.
La documentación, firmada por Moyá Auditoría, certifica que no consta ninguna operación cruzada entre el dueño del Grupo Bruesa, Antonio Pinal, con el PP, Matas, María Teresa y Fernando Areal, el aparejador del piso del expresidente Miguel Ángel García y la Fundación Antonio Maura.
«No aparece contabilizada ninguna factura emitida a CAIB Patrimoni por parte de las empresas (de Bruesa)», señala Moyá Auditoría, quien aclara que en el periodo analizado no se reflejan los datos del año 2003 (cuando el PP ganó las elecciones) debido a que entonces éstos estaban controlados por la sociedad Diversitat 2001, reconvertida en julio de 2004 en CAIB Patrimoni.
El president del Govern, José Ramón Bauzá, ordenó a todos los responsables de las conselleries, ayuntamientos y empresas públicas facilitar con la mayor celeridad posible la documentación requerida por el juez.