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Hacienda inicia una campaña para controlar los alquileres de particulares

En Eivissa es frecuente el alquiler de pisos particulares a turistas sobretodo, en temporada estival.

| Madrid |

Hacienda investigará de forma especial la información disponible en internet para descubrir actividades ocultas, así como los alquileres de viviendas por particulares, según el Plan de Control Tributario 2015.

La actuación sobre la economía digital rastreará más de 200.000 dominios para su incorporación a las bases de la Agencia Tributaria e incidirá también sobre aquellos fabricantes o prestadores de servicios que comercialicen sus bienes o servicios en internet para garantizar la adecuada tributación en España de las rentas generadas en esa actividad económica.

También se utilizará la tecnología de las redes sociales para analizar operaciones comerciales entre agentes económicos, con el fin de identificar patrones de comportamiento que se corresponden con actividades defraudadoras (tramas de IVA o uso de testaferros, por ejemplo).

Dentro del sector servicios, Hacienda actuará sobre los particulares que ceden de forma opaca total o parcialmente viviendas por internet u otras vías.

También investigará aquellas empresas turísticas regulares que no cumplen debidamente sus obligaciones fiscales y realizará actuaciones presenciales para la detección de alquileres irregulares no declarados.

La Agencia Tributaria reforzará este año sus actuaciones de control con el objetivo de aflorar una actividad no declarada que genera competencia desleal y que perjudica a las empresas y particulares que sí cumplen correctamente con sus obligaciones tributarias.

Asimismo, impulsará las actuaciones de control en aquellos casos en que aprecie la existencia de riesgos significativos de declaración inferior de la actividad.

Además, se analizará la posible utilización de programas informáticos que alteren la facturación real, remuneren tiques y modifiquen los precios o, simplemente, permitan suprimir una parte de la facturación.

Hacienda considera «especialmente graves» estos actos porque, a su juicio, ponen de manifiesto la voluntad expresa y deliberada de defraudar a Hacienda mediante la declaración inferior de ventas respecto de los niveles reales de facturación, además de suponer una grave alteración de las condiciones generales de competencia.

La Agencia Tributaria mantendrá actuaciones presenciales dirigidas a comprobar el cumplimiento de la limitación de pagos en efectivo y verificará personalmente la situación censal de obligados tributarios respecto de los que existan indicios de deslocalización, o de simulación de actividad, para ocultar la verdadera actividad o al verdadero titular de las rentas.

Otro punto importante para la búsqueda de patrimonios deslocalizados será la investigación de patrimonios ocultos en el extranjero a partir de la información de declaración de bienes y derechos en el exterior.

Hacienda informa de que ya están en fase de investigación más de 7.000 contribuyentes sobre los que la Agencia Tributaria cuenta con indicios de que, o bien debieron presentar el modelo 720 y no lo hicieron, o bien no declararon su patrimonio exterior correctamente.

Este plan de inspecciones vendrá acompañado de la implantación, en el plazo más corto posible, del intercambio automático de cuentas financieras mediante el Estándar Común de Información acordado por España y medio centenar más de jurisdicciones fiscales el pasado octubre.

Dentro de la fiscalidad internacional, se prestará atención preferente a contribuyentes con residencia fiscal en España que se sirvan de instrumentos o estructuras híbridas (con distinto trato tributario en otro país), para eludir o minorar el pago de impuestos a la Hacienda española.

En el área de Recaudación se reforzará la investigación de los casos de mayor complejidad probatoria en supuestos de derivaciones de responsabilidad de deudas pendientes, con el objetivo de combatir las operaciones de vaciamiento patrimonial de especial calado.

Seguirá siendo objeto de especial control el uso improcedente de empresas para reducir la tributación de personas físicas, el análisis de signos externos de riqueza, los emisores de facturas irregulares y las tramas de fraude organizado en el IVA.

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