El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, interroga este miércoles al extesorero del PP nacional Luis Bárcenas, quien declara como testigo por videoconferencia en relación a la financiación presuntamente ilegal de la reforma de la sede del partido a cargo de empresarios favorecidos con contratos públicos durante el último mandato de Jaume Matas (2003-2007).
En concreto, Bárcenas comparece en uno de los Juzgados de Instrucción de la Plaza Castilla de Madrid, después de que Castro accediera a su petición de declarar desde la capital en virtud de lo dispuesto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que prevé la posibilidad de declarar por videoconferencia a los testigos que residan fuera del partido judicial en cuestión, en este caso el de Palma.
Del mismo modo, también se encuentran citados para este miércoles el exgerente del Servicio de Salud de Baleares (Ib-Salut) Sergio Bertrán (11.30 horas) y a la exjefa de gabinete de Matas, Maria Umbert (12.30), también como testigos, mientras que por la tarde ha sido emplazado como imputado el empresario y propietario de la constructora Bruesa Antonio Pinal (16.00), quien habría pagado parte de la reforma del inmueble de los 'populares'.
Bárcenas ya compareció por videoconferencia en la comisión de investigación del hospital de Son Espases en el Parlament balear, en la que afirmó que un empresario gallego, en referencia a Pinal, colaboró en la adquisición y financiación de la sede del partido junto a otros empresarios.
El magistrado prevé inquirir a Pinal sobre las supuestas comisiones o donativos que habría abonado al PP balear, a Matas y al exgerente del partido y cuñado del expresidente Fernando Areal, quien presuntamente era el encargado de mediar en el pago y cobro de los sobornos.
Castro tiene sobre su mesa la confesión efectuada por el exconcejal de Urbanismo del Ajuntament de Palma Javier Rodrigo de Santos, quien tanto ante la Fiscalía Anticorrupción como ante el propio juez explicó que Antonio Pinal le comentó que ayudó en la compra del sede del partido a cambio de serle adjudicado el desarrollo de un proyecto urbanístico en los cuarteles de Son Busquets.
Es más, señaló que «en más de una ocasión» el empresario le comentó que «por su costumbre de trabajar en el País Vasco, trabajaba financiando tanto al PP como al PSOE».
Financiación irregular de las campañas electorales
Unas prácticas presuntamente delictivas que, según Castro, de ser ciertas, guardarían analogía con las que el magistrado indaga desde hace más de cinco años, durante los cuales parte de las pesquisas del caso Palma Arena se ha centrado en averiguar si varias empresas financiaron de forma irregular las campañas electorales del PP de 2003 y 2007, mercantiles que a su vez resultaron favorecidas con contrataciones públicas.
De hecho, el administrador de la empresa Over Marketing, Daniel Mercado, declaró en su día como imputado haber pactado con Matas poder cobrar parte de los gastos por la organización de las campañas electorales en dinero opaco al fisco, e incluso manifestó que existía el acuerdo con el exministro de que parte de los gastos que se debían cobrar en negro y finalmente no se cobraron, quedarían compensados con el volumen de adjudicaciones de contratos públicos que se le prometían.
Los hechos que rodean a Over, en cuyo beneficio habrían sido amañados diversos expedientes de contratación, están siendo precisamente investigados en el marco de la pieza 27 del caso, considerada la ramificación de la trama Gürtel en Balears. En este fleco están imputados tanto Matas y Areal, como el exdelegado del Gobierno en las islas y actual presidente del PP de Palma, José María Rodríguez, y el expresidente del Parlament Pere Rotger.
Del mismo modo, otra de las investigaciones del caso Palma Arena (pieza 4) se centra en el presunto delito electoral que se habría producido con motivo de los servicios prestados por la empresa Nimbus -a la que también se habrían adjudicado sin concurso público diversos contratos- en favor del PP durante la campaña electoral de 2007.
Las pesquisas apuntan a que la agencia emitió facturas falsas con sobrecostes sin justificar, cobrando a cambio a 'precio coste' la organización de la campaña de los 'populares'.