La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario MÉS, Fina Santiago, ha asegurado en una rueda de prensa para explicar las conclusiones de su grupo sobre la comisión de investigación del Hospital Universitario de Son Espases que tienen «indicios suficientes para hablar de delincuencia organizada en la anterior legislatura del PP (2003-2007)».
La también portavoz de la formación en la comisión ha dicho que creen que Son Espases supondrá «uno de los casos más graves» de la legislatura en la que Jaume Matas era presidente, pero que no es «un caso aislado» ya que hay «más de 15 miembros» de esa época «en la cárcel».
En este sentido, ha explicado que de la comisión se desprenden la comisión de «posibles delitos» como «tráfico de influencias, información privilegiada, pago de comisiones, donaciones ilegales», así como la posible «financiación ilegal de la sede del PP en Baleares».
En concreto, según MÉS el expediente administrativo del Ayuntamiento para seleccionar los terrenos del nuevo hospital estaba «organizado y diseñado» para facilitar que una «decisión política y no técnica».
Este expediente, ha continuado, estaba «viciado» por una «incompatibilidad» de uno de los técnicos. Además, según Santiago «importantes constructores» adquirieron fincas cercanas a Son Espases mientras se seleccionaba y se negociaba la compra de la finca.
Asimismo, también ha expresado sus «dudas» acerca de que en dos días, tiempo en el que se dio la licencia de obra, se pudiera hacer una lectura y un análisis de toda la documentación.
Respecto al funcionamiento de la mesa de contratación, Santiago ha señalado era «más política que técnica» y sobre la adjudicación del contrato, ha dicho que «estaba diseñado para que las decisiones oportunas las pudieran tomar los máximos responsables políticos.
Cabe destacar que en las conclusiones de la formación también se vincula Son Espases con Over Marketing, se trata la paralización de la reforma de Son Dureta, que se califica de «decisión política».
Debido a esto, MÉS propone el cambio de la modificación de la legislación referida a la constitución de mesas de contratación para que estén formadas principalmente por funcionarios de carrera y no cargos políticos; la modificación de la Ley ambiental de 2006 y la de Carreteras de 1990, y la revisión de la ley de incompatibilidades.