El Colegio de Arquitectos de Balears (COAIB), empresas usuarias del Port de Palma, el grupo ecologista GOB y el Colegio Oficial de Ingenieros Navales rechazan el uso comercial que el proyecto del Plan Director de Infraestructuras elaborado por la Autoritat Portuària de Balears (APB) quiere dar al Moll Vell.
La APB, en el acto realizado este miércoles en la Cámara de Comercio de Mallorca, presentó a los colegios profesionales y usuarios del Port una imagen de este enclave muy diferente a la que ofreció hace casi un año, ya que en esta ocasión apostó por convertir al Moll Vell en una zona verde, lúdica y con el objetivo reincidente de cambiar el actual uso industrial por uno para yates y megayates.
El presidente del COAIB, Joan Morey, afirmaba este jueves que «nadie apuesta por el uso comercial y lúdico en este lugar, salvo la Autoritat Portuària. Estos servicios se tienen que extrapolar al Paseo Marítimo y al centro histórico. En la superficie que ocupa el Moll Vell, unos 300.000 metros cuadrados, se tiene que realizar una readecuación de espacios y servicios, todo ello enfocado a actividad industrial. Esto evitaría la construcción del segundo dique por el que aboga la APB».
Empresas usuarias de las instalaciones del Port de Palma y el Colegio de Ingenieros Navales coinciden con los criterios de los arquitectos, ya que en este encalve se pueden reubicar servicios industriales que están repartidos en la actualidad por el Port.
No hay consenso con el borrador del Plan Director, por lo que el mismo genera en estos momentos polémica y discusión.
El grupo ecologista GOB, al respecto, remitió un duro comunicado contra la estrategia de la Autoritat Portuaria que preside Alberto Pons. Advierte sobre los peligros de la macro ampliación del Port para destinarlo a megayates y cruceros de lujo: «Queda claro que las directrices políticas impulsadas por Alberto Pons responden a los intereses de los lobbies turístico, náutico, constructor y financiero. Para cubrir los costes de la ampliación, se promueve la inversión privada con la condición de que la explotación posterior sea también privada».