La Comissió de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca tuvo este martes conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Palma que anula, por caducidad en la resolución, la declaración de Bien de Interés Cultural con la categoría de monumento (BIC) el monasterio de La Real.
El acuerdo de Consell fue recurrido tanto por la Asociación de Vecinos del Secar de la Real y la Congregació de Missioners dels Sagrats Cors, reclamando la calificación de conjunto histórico, como por la sociedad Espacios Verdes Monasterio de la Real SL, que reclamaba la nulidad de la declaración de BIC alegando su caducidad. El fallo acepta la tesis de este recurso, que se remonta al año 2006, al señalar que la tramitación del expediente superó en un mes y 14 días el plazo legal de 20 meses que fija la ley.
«Es un tema que nos ocupa y preocupa», indicó este martes el vicepresidente del Consell, Joan Rotger, el cual advirtió que hasta que el pleno de la institución no asuma la sentencia la declaración de BIC para el monasterio sigue vigente.
Rotger señaló que «los servicios jurídicos del Consell están estudiando qué medidas podemos tomar ya que la situación a partir de ahora es delicada», al tiempo que destacaba que «el fallo no entra en el fondo de la cuestión, sólo es una cuestión procedimental, el valor patrimonial de La Real es indiscutible».
El prior del monasterio, Josep Amengual, recordó que «nosotros pedíamos una calificación más estricta que la de BIC, queríamos una declaración de conjunto artístico». Tras indicar que también se estudiará la nueva situación jurídica, Amengual lamentó que «tanto los jueves como los políticos descuidan la protección del patrimonio cultural de Mallorca».
Selva, Inca y Búger
La sentencia referida al BIC de La Real no es el único judicial del Consell, toda véz que este martes la Comissió también tuvo conocimiento de otra sentencia del mismo Juzgado en el que anula el acuerdo de declaración de Bien de Interés Cultural el sistema de acequias de los molinos de Selva, Inca y Búger como consecuencia del recurso que interpusieron los hermanos José y Pilar Morell Cotoner.