La Fiscalía Anticorrupción y la policía judicial han centrado sus investigaciones en el Grupo Bruesa tras las declaraciones del exconcejal de Cort Javier Rodrigo de Santos en las que involucraba de lleno al propietario de esa constructora, Antonio Pinal, en la compra de la sede del Partido Popular (PP) de Balears a cambio de adjudicaciones de obra pública.
La confesión de De Santos ya está en manos del juez instructor del ‘caso Palma Arena’, José Castro, que ha abierto la pieza 28 de esa causa y que el próximo martes interrogará al exconcejal en calidad de testigo.
Según confirmaron fuentes judiciales, las pesquisas del fiscal Pedro Horrach y del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional apuntan a la modalidad empleada por el PP para financiar su sede, sobre la que existen «fundadas sospechas», de acuerdo a esas mismas fuentes.
La versión oficial de los ‘populares’ es que se pagaron 1,05 millones de euros en 2003 por el inmueble, y otros 579.000 euros por la compra de un anexo; entre 2005 y 2006, se acometieron las reformas, con un coste de 886.000 euros, abonados de forma íntegra a través de cuotas y donaciones de afiliados. Lo que no está claro, todavía, es cómo se hizo frente al pago de la compra del anexo, ya que se formalizó sin que mediara una hipoteca.