El Consell Consultiu puso hace dos años objeciones a varios artículos de la ley de transparencia que ahora ha presentado el PP.
Los ‘populares' han recuperado en esta ley artículos de un proyecto de comienzos de legislatura que cambiaba la Llei de Bon Govern del Pacte. Esta modificación no llegó a entrar en el Parlament ya que despertó suspicacias, pero aún así sí se envió al Consell Consultiu para que elaborara el informe preceptivo.
Según denuncia el diputado de MÉS, Nel Martí, este informe rechaza algunas de las propuestas de aquella ley que ahora se han recuperado. Por ejemplo, considera que la eliminación de la obligación de que los altos cargos pasen un examen para defender su idoneidad «limita el control parlamentario del gobierno, por lo que debe mantenerse la regulación».
El Consell Consultiu tampoco estaba de acuerdo con la desaparición de lo que se conoce como Cartas Ciudadanas, que marcan el listado de servicios que debe ofrecer la Administración. «Este consejo se muestra disconforme con la reforma. La regulación que se propone es ambigua y no concreta cuál es la obligación impuesta al gobierno».
También se mostró en contra de eliminar la obligación de publicar en la web del Govern todos los expedientes de gasto protocolarios superiores a 500 euros. «Este consejo entiende que el precepto debe indicar la forma en que se dará publicidad, por exigencia del principio de seguridad jurídica y transparencia», señaló en Consultiu en contra de esta modificación.
El texto del PP recupera, por último, otra modificación que ya rechazó el Consultiu. Desaparece la obligación de que las iniciativas políticas con un gasto superior a los cinco millones de euros sean evaluadas por la Oficina de Control y Transparencia. El Consultiu ya alertó de que resulta conveniente «fijar un límite a partir del cual la evaluación debe ser obligatoria, para limitar así la discrecionalidad administrativa», señalaba el Consultiu.
Nel Martí rechaza la ley que ha presentado el PP porque recorta la transparencia y la capacidad de control del Parlament, no incluye a los consells, que quedan fuera del ámbito de la ley, y además el texto es muy deficiente.