Un equipo dirigido por el ecónomo diocesano del Obispado de Mallorca, Antoni Amorós, trabaja en lo que se denomina inmatriculación –primera inscripción en el Registro de la Propiedad– de los inmuebles de la Iglesia. Este proceso está causando polémica en otras comunidades autónomas, como Andalucía –con la inscripción de la Mezquita de Córdoba bajo el nombre de Catedral de Córdoba, y Navarra–.
Amorós destaca que «esta labor la llevamos realizando de manera sistemática y en todos aquellos bienes sobre los que no hay duda sobre la titularidad», añadiendo que «la inscripción se llevará a cabo de una manera pacífica».
Las inmatriculaciones que está llevando a cabo el Obispado afectan a todas las iglesias, conventos y santuarios de la Diócesis mallorquina, «además de las edificaciones anexas, como pueden ser rectorías y salones parroquiales», precisa el responsable de la administración económica.
«Hasta el momento ya se han inmatriculado la práctica totalidad de los bienes de Palma y los correspondientes a los pueblos comprendidos entre la A y la C», apunta Amorós.
La regularización de los inmuebles que son propiedad del Obispado en la Isla no sólo afecta a los templos –otro tipo de legados de particulares se inscriben en el momento de su recepción–, también a espacios que los ciudadanos pueden entender como públicos, como pueden ser las plazas situadas frente a las parroquias de es Pla de Na Tesa, es Vivero, Capdepera o Calvià.