El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, Pedro Barceló, ha concluido la instrucción del caso Prestamitos imputando a cuatro personas por estafa continuada y apropiación indebida y archivando el caso para otras cinco, en esta investigación sobre el fraude de unos 14 millones de euros.
En el auto de pase a procedimiento abreviado, el magistrado considera probado que los imputados están implicados en la creación de un grupo empresarial, en 2005, a través de entidades no autorizadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que ofrecía una alta rentabilidad.
Se anunciaba en un conocido buscador de internet, en folletos y periódicos como un grupos inversores y ofrecía una alta rentabilidad fija de entre un 3 y hasta un 50 % mensual, para atraer inversiones.
El principal implicado, sabedor del riesgo que asumiría al tener que liquidar periódicamente a los inversores los altos rendimientos estipulados, decidió operar con diversas sociedades y testaferros que abrieron cuentas corrientes a su nombre a cambio de remuneraciones, para poder efectuar movimientos de dinero y no ser relacionado con los hechos.
Con el paso del tiempo, ante la insuficiencia de nuevos clientes, los últimos depósitos se destinaron en su totalidad a pagar los rendimientos de inversiones antiguas, de manera que se fue creando una estructura piramidal que fue descapitalizando al grupo hasta que definitivamente se descubrió el fraude, según recoge el auto.
Los clientes, en ocasiones llegaron a cobrar los primeros plazos de intereses pactados, pero la mayoría de los inversores perdieron íntegramente el capital depositado, siendo la cantidad total defraudada cercana a los 14 millones de euros.
A la causa que se abrió en el Juzgado de Instrucción 2 a raíz de la denuncia de uno de los perjudicados se han unido 25 querellas, varias de ellas con múltiples querellantes, y 127 denuncias, formuladas por personas que enviaron dinero para invertir en el grupo empresarial desde diversos lugares del territorio nacional.
El juez Barceló ha dado diez días a las acusaciones para formular sus escritos de calificación y concretar para quiénes piden la apertura de juicio y qué condenas solicitan par ellos.