El gerente de Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM), José Ramón Orta, ha declarado hoy en los juzgados como denunciante de supuestas irregularidades en una compra de trenes durante la pasada legislatura 2007-2011, que ha comparado con la adjudicación sin concurso del proyecto del Palma Arena.
Orta ha prestado declaración ante la jueza de Instrucción número 5 de Palma, Ana San José, en relación con la adquisición de varias unidades de tren eléctrico sin concurso público y mediante contrato por dependencia técnica en el pasado mandato, que él denunció ante la Fiscalía Anticorrupción.
La fiscal Ana Lamas pidió que Orta fuera llamado a declarar después de que cuatro dirigentes de la Conselleria de Movilidad de la pasada legislatura, imputados en la causa, entregaran al juzgado un informe jurídico que avalaba dicha compra y que no había sido adjuntado en la denuncia de Orta.
Orta ha asegurado que amparó su denuncia en una auditoría realizada por Price Waterhouse Cooper que «desvirtuaba» dicho informe jurídico, así como en el hecho de que la compra de once trenes triples por 75,8 millones se justificó con un informe técnico externo «de un folio y cuarto de extensión, sin ni una sola cifra ni una comparativa», ha declarado a los medios al salir del juzgado.
Ha detallado que la consultora considera que el informe jurídico que avaló la compra de los trenes es «erróneo» porque indica que se trató de «una entrega adicional» cuando «los trenes no se parecen unos con otros», y por otro lado porque «si no hay dependencia técnica, que no la hay, lo que se tendría que haber hecho es un contrato abierto», ha asegurado el gerente de SFM.
«Esto es lo mismo que ha pasado en el Palma Arena con el tema de la contratación de Schurmann (diseñador del velódromo) o de los García Ruiz (directores de las obras), que se tenía que haber abierto a todos los arquitectos del mundo en lugar de hacerlo a dedo. Este es el mismo caso y también estaba avalado por informes técnicos, económicos y jurídicos», ha afirmado.
El gerente de SFM también ha mostrado a la jueza una fotografía en la que aparecen aparcados uno al lado del otro uno de los metros del modelo comprado en 2005 y otro que se compró posteriormente ejecutando la opción de compra como ampliación de la primera adquisición, y que son distintos.
«Me cuesta mucho pensar que un contrato de una entidad suficiente como 75 millones de euros se pueda licitar a dedo, sin concurso público y por mucho que esté avalado por un informe jurídico que hace referencia a la dependencia técnica y la sustenta en un informe de un folio y un cuarta..., no es una cosa normal», ha afirmado.
Según Orta, un contrato «de tal envergadura, necesita informes técnicos bien reposados, fundamentados y sesudos, que justifiquen exactamente por qué».
A su juicio, para hacer viable dicha operación «se fabrica la dependencia técnica». «¿No habría sido mejor haber sacado un concurso público abierto a todos los fabricantes de trenes del mundo por el cual compraban once trenes de tres coches?», ha cuestionado el gerente de SFM.
Orta ha insistido en que, ante la sospecha de que hubiese algo irregular, decidió ponerlo en conocimiento del ministerio fiscal. «¿Qué tenía que haber hecho, haberme callado y haberlo guardado en un cajón?», se ha preguntado ante los periodistas.
«Yo estaba amparado por una auditoría externa de Price Waterhouse y por un informe técnico interno que me decían exactamente lo mismo», ha alegado para justificar la denuncia.
Sobre el hecho de que SFM alegara en contra de un informe de Sindicatura que cuestionó esa misma dependencia técnica, y la defendiera, Orta ha asegurado que esa defensa se llevó a cabo «cuando ya los trenes estaban aquí, el 6 de junio de 2011» y «cuando el mal ya estaba hecho».
Ha cuestionado «la querencia de las dependencias técnicas en el período anterior» y su vinculación con una misma empresa, CAF, que obtuvo por esa fórmula sin concurso público el mantenimiento de los trenes del metro, la compra de los trenes y las grandes revisiones de los trenes diesel.
También estaba previsto adjudicar por esa vía el mantenimiento de los trenes eléctricos comprados por el pacto, «pero se hizo por concurso abierto y se obtuvo un rebaja de unos 600.000 euros anuales», ha dicho Orta.