El gerente de Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM), José Ramón Orta, prestará declaración este lunes ante la jueza de Instrucción número 5 de Palma, Ana San José, en calidad de denunciante de supuestas irregularidades en una compra de trenes durante la pasada legislatura 2007-2011.
En esta causa se investiga la adquisición de varias unidades de tren eléctrico sin concurso público y mediante contrato por dependencia técnica.
La declaración de Orta tendrá lugar a partir de las 11.30 horas, a petición de la fiscal Anticorrupción Ana Lamas, después de que el pasado 3 de diciembre se suspendiera la declaración de cuatro responsables de Movilidad y de SFM de la pasada legislatura imputados en esta causa, que presentaron un informe jurídico que avalaba la adquisición.
El informe del 25 de julio de 2008, firmado por el jefe de los servicios jurídicos y de contratación de SFM, José Antonio Casado, avaló una opción de compra suscrita por el Govern en 2005 para adquirir 6 unidades de tren, al no encontrar inconveniente legal, así como la idoneidad de que el resto de los vagones necesarios para ampliar el parque ferroviario se adquiriesen mediante «un procedimiento negociado sin publicidad por dependencia técnica».
Según el informe, la compra encaja en el artículo 59 de la Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones (SCSE).
El consejo de administración de SFM acordó el 31 de julio de 2008 la compra por 54 millones de varias unidades de tren para la línea Palma-Inca que llegaron a Mallorca a partir de 2011, basándose en dicho informe.
Los vehículos eran los que iban a cubrir las líneas de ferrocarril una vez se completara la electrificación hasta Sa Pobla y Manacor, pero ésta finalmente no se llevó a cabo, de manera que ahora se utilizan en la parte de la línea que sí está electrificada, entre Palma e Inca.
Entre los cuatro imputados cuya declaración se anuló temporalmente figura el ex director general de Movilidad y actual portavoz de MÉS en Palma, Antoni Verger, quien aseguró que «parece que quien tendrá que dar explicaciones a partir de ahora será José Ramón Orta», por no haber incluido en su denuncia el informe jurídico.
Verger defiende que la compra fue «una operación impecable desde un punto de vista técnico, jurídico y económico» y que la denuncia se presentó «simplemente para atacar y denigrar a adversarios políticos».