El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach pide una condena de 19 años y 6 meses de prisión para Iñaki Urdangarin por el caso Nóos y que pague 3,5 millones de euros de multa por el desvío de fondos públicos mediante varios presuntos delitos de corrupción, fraude fiscal y blanqueo.
En el escrito de calificación de 576 páginas que ha entregado hoy al juez José Castro, el fiscal solicita que se juzgue por el caso Nóos a catorce personas, empezando por los dos principales socios del Instituto Nóos, Urdangarin y Diego Torres; la esposa del segundo, Ana María Tejeiro, responsable de personal de la entidad, y un hermano de ésta, Marco Antonio Tejeiro, que fue contable.
Para Urdangarin 6 años de cárcel por malversación en concurso medial con delitos continuados de prevaricación y falsedad en documentos público y mercantil; 2 por fraude a la administración; 3,5 por estafa en concurso con falsedad; 6 por delitos contra Hacienda, y 2 por blanqueo.
Reclama además que sea condenado a pagar una multa de 3,5 millones de euros y a 15 años de inhabilitación absoluta y 8 de inhabilitación especial para empleo o cargo público, así como a 6 años de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.
También pide que asuma el pago de una responsabilidad civil de unos 1,47 millones de euros, además de responder como responsable civil a título lucrativo, conjunta y solidariamente con su esposa, hasta la cuantía de 587.413 euros.
Para Torres, el fiscal pide 16 años y 6 meses de cárcel (6 por presunta malversación en concurso con delitos continuados de prevaricación y falsedad en documentos público y mercantil; 2 por fraude a la administración; 3,5 por estafa en concurso con falsedad; 3 por delito contra Hacienda y 2 por blanqueo, así como 3,8 millones de euros de multa.
Igualmente pide que asuma el pago de una responsabilidad civil de unos 1,47 millones de euros y que responda como responsable civil a título lucrativo, conjunta y solidariamente con su esposa, hasta la cuantía de 1.144.240 euros.
Horrach considera que Urdangarin y Torres lograron que el Instituto Nóos fuera adjudicatario de «ingentes cantidades» de dinero procedente de fondos públicos, eludiendo de forma ilícita la aplicación de la Ley de Contratos de la Administración Pública, mediante el uso fraudulento de convenios de colaboración.
Si la autoría intelectual de los proyectos corresponde a Torres, el fiscal atribuye a Urdangarin la vertiente institucional y comercial y el aspecto deportivo de algunas iniciativas, ya que era «el gancho ideal para obtener clientes y aumentar notoriamente los honorarios».
Posteriormente desviaban el dinero a empresas de su propiedad con facturas por servicios ficticios que a veces incluso duplicaban, hasta un total de 5,8 millones de euros entre 2004 y 2007. Torres obtuvo 2,6 millones de beneficios y Urdangarin 1,8, según los cálculos de Horrach.
Había empresas sin plantilla y empleados ficticios que trasvasaban de unas a otras sociedades y las sociedades cruzaron facturas entre sí por hasta 8 millones de euros, relata en su escrito.
Urdangarin y Torres crearon además presuntamente una estructura societaria fiduciaria opaca en un paraíso fiscal para ocultar a los verdaderos beneficiarios y obtener beneficios fiscales.
Para Ana María Tejeiro pide 2 años de prisión por blanqueo de capitales y una multa por el valor de los bienes blanqueados que asciende a 961.666 euros.
El fiscal reclama una condena de 2 años de prisión para el que fuera contable de Nóos, Marco Antonio Tejeiro, cuñado de Torres, y una multa de 470.900 euros. Para calcular su pena, el fiscal tiene en cuenta la atenuante muy cualificada de colaboración con la Justicia porque presentó un escrito relatando las prácticas corruptas del grupo Nóos.
Urdangarin presidió el Instituto Nóos desde el 23 de septiembre de 2003 hasta el 20 de marzo de 2006, si bien el fiscal considera que su cese y abandono del cargo fue «sólo aparente, ya que siguió vinculado a dicha asociación y desarrollando labores para ella al menos hasta mediados del año 2008».
Él y Torres crearon la entidad para «contar con la cobertura que brindaba una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro» y usarla para acceder a ayudas, subvenciones y convenios de colaboración con entidades públicas, «rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas» a las que presuntamente se dedicaban y «evitar suspicacias por parte de terceros» al financiarse básicamente con fondos públicos.
Los socios eran los «líderes indiscutibles» del Instituto Nóos y conformaban «un círculo cerrado de toma de decisiones» del que mantenían apartados a los demás, según el escrito del fiscal.
La esposa de Torres, Ana María Tejeiro, y sus cuñados Miguel y Marco Antonio Tejeiro, eran subordinados como responsables de recursos humanos, secretario y gestor jurídico, y contable, respectivamente.
El fiscal considera que los otros dos miembros del Instituto Nóos, el secretario de las infantas Carlos García Revenga como tesorero, y la infanta Cristina como vocal, «eran simples elementos decorativos» para dotar de apariencia exterior de solvencia a dicha entidad, dada su posición social e institucional, pero «no intervinieron en la gestión ni desarrollaron labor alguna».
La presentación del instituto como entidad para realizar investigaciones, con apariencia de solvencia técnica y científica y simulación de búsqueda del interés social sin ánimo de lucro «no era más que humo», según el fiscal.
Nutrir de recursos económicos procedentes de organismos públicos las entidades mercantiles propiedad de Urdangarin y Torres era «el verdadero objetivo».
Acusa también al expresidente del Govern y del PP balear y exministro de Medio Ambiente, Jaume Matas; al ex director general de Deportes José Luis «Pepote» Ballester; al exdirector de la Fundación Illesport de Baleares, Gonzalo Bernal; al exdirector del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Juan Carlos Alía, y el exsecretario del Ibatur, Miguel Ángel Bonet.
De la trama valenciana pide que se abra juicio contra el exsecretario de Turismo de la comunidad, Luis Lobón; el exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, Jose Manuel Aguilar; el exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas, Jorge Vela, y la que fue responsable jurídica de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, Elisa Maldonado.
El fiscal también acusa a la ex consejera delegada de la candidatura olímpica Madrid 2016, Mercedes Coghen.
Deja fuera a seis imputados: la infanta Cristina, Miguel Tejeiro (secretario del Instituto Nóos), al asesor fiscal Salvador Trinxet; el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau; el ex director general de la Fundación Madrid 2016, Miguel Ángel de la Villa, y su ex director financiero, Gerardo Corral.