El pleno del Parlament aprobará este martes de manera definitiva la primera Ley Agraria de Baleares que, según ha recordado el Grupo Parlamentario Popular (GPP), está «consensuada con el sector» y dará los «instrumentos necesarios, no subvenciones ni ayudas» para que los profesionales del sector primario «puedan generar rentas mínimas».
Así lo ha manifestado este lunes en rueda de prensa la portavoz de esta formación en el Parlament, Mabel Cabrer, quien ha destacado las principales novedades de esta nueva normativa, cuyo proyecto de ley fue aprobado por el Consell de Govern el pasado 12 de septiembre.
Entre los aspectos que regulará esta ley, Cabrer ha resaltado la eliminación de la burocracia, el impulso al sector equino, que se favorezca la venta directa en las mismas explotaciones, el apoyo al sector forestal o la compensación de costes por la insularidad.
«Actuaciones, todas estas -ha aseverado Cabrer- que beneficiarán a quienes viven del campo ya que está pensada para ayudar exclusivamente a los profesionales del sector primario».
En relación a las posturas de la oposición, Cabrer ha dicho que «el PSIB ya mostró su desinterés en el sector primario cuando gobernó» y ahora, con «el previsible voto en contra» de la Ley, «se reafirman». Debido a esto ha lamentado su «oposición radical» y ha destacado el «carácter conciliador» de MES que «dará apoyo a parte del articulado».
Sobre las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición al proyecto de ley de racionalización y simplificación del ordenamiento legal y reglamentario, que también se debatirán este martes, Cabrer ha dicho que no las entiende «a no ser que sea en clave electoral, es decir, para seguir con el no a todo lo que proponga el PP».
ORDENACIÓN FARMACÉUTICA
En relación al decreto ley de ordenación farmacéutica, que con toda probabilidad se convalidará este martes, la 'popular' ha dicho que «la regulación que está en vigor data de 1998 y ya muestra síntomas de agotamiento», motivo por el que ha dicho que «su modificación es imprescindible».
Cabrer ha añadido que la legislación actual permite «cierta especulación farmacéutica» y ahora aquellos que vendan farmacias, no podrán acceder a otras». «Se trata además de poner orden en tema relativos a la población, a la población flotante y a las viviendas vacías», ha precisado.
Asimismo, ha aseverado que «se pretende salvaguardar el interés general y sustituir el sistema actual por uno que revise la situación de las farmacias con más precisión».
Por otro lado, el portavoz en materia de Hacienda del GPP, Antoni Camps, ha explicado que los objetivos del Decreto Ley de medidas urgentes para aplicar la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que también se convalidará este martes pasan por «clarificar y concretar aspectos que la ley actual deja indefinidos».
Según ha explicado, «se trata de un Decreto Ley muy demandado por los ayuntamientos» Además, ha destacado que «ya hay 15 comunidades autónomas que han aprobado normativa que interpreta la Ley estatal y las otras dos están en proceso». «Por esto -ha añadido-, esperamos que la Cámara vote a favor de este Decreto porque ir en su contra sería totalmente ilógico».