La propuesta del Govern para regularizar las obras ilegales que ya han prescrito no ha calado entre los ciudadanos de Mallorca. Seis meses después de que entrara en vigor la norma, los principales ayuntamientos de las Islas apenas tienen registradas peticiones de legalización, pese que se calcula que en Mallorca puede haber unas 20.000 viviendas ilegales.
En Palma apenas se han presentado solicitudes, según los datos facilitados por el teniente de alcalde de Urbanisme, Jesús Valls. En Inca, Manacor, Campos y Llucmajor no se ha presentado ninguna petición para regularizar viviendas y, en Calvià, el Ajuntament solo tiene contabilizadas dos peticiones de legalización.
La única excepción se da en Pollença, donde el Ajuntament tiene registradas seis peticiones. Su alcalde, Bartomeu Cifre, está convencido de que la cifra aumentará y habrá muchas más peticiones porque en este municipio existe una importante colonia de viviendas turísticas vacacionales, muchas de ellas mejoradas gracias a obras ilegales. Algunos representantes municipales consultados creen que la razón que explica este desinterés es que los ciudadanos no se han enterado de la oportunidad que se les brinda para acogerse a la amnistía.