La Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas diligencias sobre una querella relacionada con supuestos indicios de delito en la recogida neumática de residuos en tiempos del PP y otra vinculada a contratos suscritos por el Govern del Pacte. En ambos casos, Emaya es la empresa pública perjudicada.
Emaya presentó el pasado verano un escrito para denunciar diversas irregularidades en la tramitación del concurso de recogida neumática de basuras, centradas en pagos por obras duplicadas y no ejecutadas, así como presuntas adjudicaciones posteriores sin previa licitación.
Así lo expuso el presidente de Emaya, Andreu Garau, el pasado martes ante el juez. Afecta a las decisiones que adoptó el consejo de administración de Emaya entre 1999 y 2001. Entonces, el alcalde era Joan Fageda (PP) y la presidenta de Emaya, Maria Crespo. Fue entonces cuando se decidió ampliar la red de recogida de residuos a la plaça de Caputxins, plaça Espanya y Porta Pintada.
Según Garau, se emitieron facturas por parte de la UTE encargada del proyecto para que la misma obra fuera pagada en dos fases distintas. Así mismo, existen partidas de obras certificadas y cobradas pero no ejecutadas; aparentemente también se habrían abonado a la UTE obras acometidas por el Consorcio Pla Mirall.
La segunda querella que investiga Anticorrupción y Delincuencia Económica está relacionada con contratos supuestamente delictivos de Emaya en tiempos de Aina Calvo (PSIB) con diversas empresas.