Marcel Pich y Robert Abela, los dos activistas a quienes la Fiscalía pedía cuatro años de prisión por unos hechos ocurridos durante la huelga general del 14-N del 2012, han sido condenados a ocho meses de prisión y a una multa de 240 euros.
Relato
Aquel catorce de noviembre se saldó con cargas policiales y dos personas detenidas -las que ahora son procesadas-, cuando un numeroso piquete unitario anticapitalista irrumpió en medio de las Avenidas de Palma, después de recorrer algunas calles comerciales de la capital balear. Allí, los agentes les impidieron de continuar y la tensión estalló.
También se vivieron momentos intensos en el interior de la plaza de España, con algunos manifestantes increpando a comerciantes que tenían abierto, y a los grandes almacenes de las Avenidas, donde centenares de sindicalistas cortaron el tráfico durante unos minutos, un hecho que aun así acabó con un desenlace más pacífico.
Las reacciones
MÉS rechaza la criminalización de los movimientos sociales y sindicales, y denuncia un intento por parte del Estado de restringir de manera ilegítima derechos democráticos como el derecho a huelga
MÉS per Mallorca expresa su solidaridad con los activistas Pich y Abela, que han sido condenados por el hecho de defender los derechos sociales durante el piquete unitario de la huelga del 14 de noviembre de 2012. La fiscalía acusaba los dos activistas de desorden público, lesiones y atentado contra la autoridad, motivo por el cual se les pedía cuatro años de privación de libertad a cada uno de ellos.
Desde MÉS per Mallorca rechazan la criminalización de los movimientos sociales y sindicales y las luchas populares, y apuntan que este no es un caso aislado. En los últimos meses estamos asistiendo con preocupación a una avalancha de procedimientos judiciales que cursan por vía penal contra trabajadores, trabajadoras, activistas y sindicalistas por su participación en huelgas convocadas legalmente contra las reformas laborales o los recortes del Estado Social y del Bienestar. Un caso reciente ha sido el de la secretaria general de CCOO, Katiana Vicens.
La similitud entre casi todos los procedimientos abiertos hace que se siembren muchas dudas sobre una acción coordinada desde altas instancias del Estado Español que tiene como objetivo restringir el derecho constitucional de huelga. MÉS per Mallorca ya ha denunciado en otras ocasiones que la pervivencia de determinados artículos preconstitucionales del código penal suponen una restricción ilegítima de derechos democráticos, en especial, el derecho a huelga.