La junta de personal y el comité de empresa del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) -integrado por los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y STEI- han denunciado este martes la «grave situación» en la que se encuentra éste por la «falta de sustituciones del personal».
En un comunicado, han asegurado que, desde que gobierna el PP, el presupuesto para personal del IMAS se ha recortado en más de un 10 por ciento.
Además, señalan que, pese a que el Instituto ha priorizado los lugares del personal de atención directa a la hora de hacer uso de este «insuficiente» presupuesto, «la manera de cubrir los puestos es precaria y, para nosotros, irregular, porque a menudo sólo se tiene contratado el personal para los turnos de trabajo que tiene que hacer, hurtándole sus derechos, puesto que los días de descanso que los corresponden no los son retribuidos».
Según relatan, esta situación se agravó en el mes de agosto y vuelve a ser «gravísima» en noviembre, cuando se está incumpliendo de manera flagrante el acuerdo de mínimos en centros como La Bonanova, se está denegando el derecho de disfrute de días libres al personal y se propicia que el personal trabaje voluntariamente en su día libre, han asegurado.
«No entendemos esta gestión que para resolver una situación actual crea una peor en el futuro», han indicado antes de apuntar que la explicación «extraoficial» que reciben es que no hay dinero porque se ha tenido que pagar la sentencia que obligó el IMAS a devolver los 44 días de la paga extra de 2012 al personal laboral.
Si éste es el motivo, dicen, se confirmaría la «mala gestión porque la paga de 2012 que se nos retuvo de manera irregular es una cantidad que, por ley, no puede haber sido empleada para ninguna finalidad, y que el IMAS tenía que tener previsto que debería devolver puesto que la sentencia es de principios de 2014».
Según consideran, es «perverso» que la devolución de una cantidad que la administración no pagó «ilegalmente» suponga un empeoramiento de las condiciones de trabajo del personal, «doblemente perjudicado».
Esta situación, advierten, puede afectar a la eficiencia y calidad de los servicios el IMAS a los colectivos más desfavorecidos, y, además, perjudica el personal y, por todo ello, reclaman una solución porque, en caso contrario, «emprenderemos acciones de protesta para denunciarla».