El exsenador canario Dimas Martin, el ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán y un sobrino del expresidente andaluz Manuel Chaves vieron cómo, al igual que el expresidente del Govern balear Jaume Matas, los jueces anularon el tercer grado que se les había concedido.
La decisión adoptada este lunes por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid de revocar el tercer grado a Matas no es el único caso de los últimos años.
Así, entre los casos judiciales más destacados figuran el de un sobrino de Manuel Chaves. En enero de 2012, la juez de vigilancia penitenciaria de Sevilla anuló el régimen de semilibertad en el que le había clasificado la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
Jaime Chaves cumplía una condena de tres años y medio, impuesta en 2006 por abusos a dos adolescentes en Jerez de la Frontera (Cádiz).
Tres años antes, en mayo de 2009, el exsenador lanzaroteño Dimas Martín ingresaba en la cárcel de Tahíche, en cumplimiento de la resolución de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas que lo devolvió al segundo grado penitenciario tras varios meses disfrutando del tercer grado.
Otro caso conocido fue el del ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán, condenado a 31 años de prisión por diversos delitos de enriquecimiento ilícito tras sustraer sumas millonarias durante su gestión al frente del Instituto Armado.
La Audiencia de Madrid denegó en mayo de 2004 el tercer grado que una jueza de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid le había concedido en un auto en el que estimaba el recurso del fiscal y revocaba los dos autos que concedían esta clasificación.
Apenas un año después, la Justicia acordó mantenerle en segundo grado a efectos de número de días de permiso, pero con un régimen de cumplimiento de la pena más suavizado, de forma que podía salir del centro diariamente para trabajar y disfrutar de salidas de fin de semana alternas, una de cada dos.
Enrique Lasarte, uno de los cinco ex administradores de Banesto condenados junto a Mario Conde por el agujero en la entidad de 605.000 euros destapado en 1993 también vio cómo era anulado su tercer grado en 2004, tras solicitarlo la fiscalía de la Audiencia Nacional.
Años antes, en 1998, el juez de vigilancia de Barcelona revocaba otros dos terceros grados que habían sido otorgados por la Generalitat en el caso Filesa a Carlos Navarro y Luis Oliveró, tan solo tres meses después de que ingresaran en la cárcel para cumplir condenas de 11 y 10 años.