El exdiputado Bartomeu Vicens regresará al banquillo de los acusados la próxima semana. La Fiscalía le acusa de participar junto con otros tres letrados de un fraude procesal que consistió en una serie de maniobras para evitar que se ejecutara una sentencia.
Los hechos, de acuerdo con la Fiscalía, arrancan en el año 1998 cuando la petrolera Cepsa ganó un pleito contra una empresa local que explotaba una gasolinera en Palma. La resolución implicaba la pérdida del negocio e incluso el constituir una fianza de 200 millones de pesetas.
El administrador de la empresa, según la acusación se concertó con los cuatro letrados, su mujer y otra persona para intentar torpedear el proceso civil, en especial la subasta convocada.
Así, para parar la ejecución tres de los letrados acusados interpusieron demandas de suspensión fingiendo ser personas ajenas al procedimiento.
Al no funcionar, en 2002 pusieron una demanda de responsabilidad civil contra el magistrado.
En el juicio, el administrador de la empresa admitió -según la calificación fiscal- que todo había sido un complot.
La Fiscalía reclama penas de un año de prisión para los cuatro letrados inculpados.