Los dos acusados de atentado contra la autoridad, desórdenes públicos y lesiones por agredir presuntamente a la policía durante la huelga general de noviembre de 2012 en Palma han asegurado en el juicio que los seis agentes que han testificado en su contra mienten para incriminarles.
La Fiscalía ha mantenido en su informe final la solicitud de cuatro años de prisión para cada uno de los encausados, mientras que los letrados defensores han reclamado su absolución y han incidido en que los cinco policías nacionales y el policía local que han atribuido a los acusados actos violentos han concertado sus declaraciones para avalar unas detenciones injustificadas.
«Las víctimas fuimos nosotros», ha declarado en su intervención final M.P., de quien dos policías han relatado que golpeó en el rostro a un agente cuando trataba de romper la línea formada por un grupo de antidisturbios que intentaba evitar que los manifestantes cortaran el tráfico en las Avenidas.
Según M.P., al final de la marcha de un piquete informativo que se dirigía a la Plaza de España procedente de El Corte inglés la policía arrinconó al grupo de cola de la manifestación y comenzó a empujarles, ante lo que él se limitó a protegerse de los escudos de los agentes.
Posteriormente, ha relatado, fue detenido de forma violenta, llevado a comisaría, amenazado allí por un agente con pegarle un tiro, desnudado para ser sometido a un registro y liberado después de diez horas.
Por contra, un policía ha declarado que M.P. pateó y empujó su escudo, con lo que la defensa le golpeó en el labio y se lesionó. La agresión ha sido ratificada por un agente que se encontraba detrás, aunque creía recordar que el acusado dio un puñetazo en el rostro a su compañero.
El responsable del operativo policial del día de la huelga ha testificado que no presenció esos hechos y que como cuando se los refirieron la marcha aún circulaba por las Avenidas, ordenó esperar a un momento más propicio para realizar la detención, que se produjo ya junto a la Plaza de España.
Este mando de la policía ha indicado que el otro acusado, R.A., fue detenido por animar a los últimos manifestantes a romper el cordón policial para cortar la circulación y pegar una patada en una mano a un antidisturbios que resultó lesionado.
La acusación ha sido ratificada por el policía que sufrió la patada en la mano y por otro que lo presenció.
Todos los policías nacionales, y también el agente local, han referido que el grupo de huelguistas del que formaban parte los dos acusados actuó de forma muy violenta, lanzando objetos y golpeando a los miembros de las fuerzas de seguridad con palos de banderas y pancartas.
Sin embargo, dos periodistas que presenciaron el incidente que han testificado a petición de la defensa han coincidido en que no vieron actos violentos por parte de los manifestantes y han situado el inicio del conflicto en la carga de la policía.
Al final de la vista, la fiscal Concha Gómez ha subrayado que lo que se debe juzgar no es el derecho de los acusados a participar en un piquete informativo en el marco de una huelga, sino si cometieron algún hecho delictivo, algo a su juicio corroborado por los testimonios y los partes de lesiones de los policías.
Sin embargo, el defensor de M.P., Josep de Luis, ha asegurado que los policías mienten y ha puesto el acento en la desproporción física entre su cliente, de 1,70 metros de altura y 70 kilos de peso, y el policía al que supuestamente lesionó, de 1,92 metros y 115 kilos.
El letrado de R.A., Jaime Bueno, ha incidido en que los hechos relatados, cuya incidencia penal ha negado, se enmarcan en el ejercicio de un derecho fundamental, como es el de huelga, y ha aludido a la reciente sentencia que redujo a multa la pena de prisión que había solicitado la Fiscalía contra la líder de CCOO.