El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha rechazado este viernes la recusación planteada por Manos Limpias, acusación popular en el caso Nóos, contra dos de los tres jueces de la Audiencia de Palma designados para resolver el recurso presentado por la infanta Cristina contra su imputación en la causa.
Tras la decisión de la sala especial del TSJIB constituida para resolver este incidente, los jueces Diego Gómez-Reino y Mónica de la Serna podrán decidir sobre el recurso que presentó la hermana del Rey en contra del auto con el que finalizó la instrucción del caso Nóos, pidiendo su exoneración en esta causa en la que el juez José Castro la mantiene imputada por dos delitos fiscales y blanqueo.
Manos Limpias solicitó a finales de septiembre la recusación de dos de los tres miembros del tribunal que debe decidir sobre los recursos al auto que finalizó la instrucción del caso Nóos, y en concreto pidió que no se pronunciaran sobre el presentado por la defensa de doña Cristina.
El sindicato demandó que los magistrados fueran sustituidos por otros alegando «interés directo e indirecto en la tramitación de la presente causa» por parte de ambos, pues sobre ellos pesaba una «gran sombra de sospecha objetiva de parcialidad» tras el auto que dictaron (junto a un tercer magistrado, Juan Jiménez) en mayo de 2013, que suspendió la primera imputación de doña Cristina.
«Lo que se expone en el escrito de recusación, al margen de la intención velada de apartar de la causa a unos magistrados que ya han dictado una resolución contraria a sus intereses (y no del discrepante), no contiene apariencias ni sospechas objetivamente fundadas en hechos concretos de parcialidad subjetiva ni objetiva», sostienen los seis integrantes de la sala especial.
Argumentan que, según doctrina del Supremo, el hecho de que los miembros de un tribunal hayan resuelto recursos de apelación contra resoluciones de un juez instructor «no constituye motivo suficiente para cuestionar» su imparcialidad de forma genérica, y sólo podría invocarse esta causa de recusación en caso de que hubieran expresado «ideas preconcebidas, prejuicios o anticipación de decisiones».
Recuerdan que aunque De la Serna y Gómez-Reino determinaron que no había razones para imputar a Cristina de Borbón por tráfico de influencias, prevaricación, malversación y falsedad en relación al Instituto Nóos, sí instaron al juez Castro a profundizar en la investigación de posibles delitos fiscales y de blanqueo.
Aun admitiendo que, como pone de manifiesto la acusación popular, el proceso en el que está involucrada la hermana del Rey es «un caso especialmente singular y sensible para la opinión pública», la sala del TSJIB sostiene que el interés popular por la personalidad de la imputada «no puede ni debe interferir en la toma de decisiones judiciales».
Subrayan también que los hechos que el juez Castro pone de manifiesto respecto a la presunta actuación delictiva de la infanta en el auto en el que cerró la instrucción son «de distinta tipicidad penal» de aquellos que analizaron en mayo de 2013 los magistrados a quienes se pretende recusar.
«No resulta posible hablar de un prejuicio que afecte a la imparcialidad para su enjuiciamiento», insisten los miembros de la sala, que recuerdan que fueron los jueces a los que se quiere apartar quienes propiciaron que se investigaran los delitos que Castro atribuye indiciariamente a la infanta Cristina.
El último argumento de la sala especial, que preside el también presidente del TSJIB, Antoni Terrasa, es que «la parcialidad sólo es invocable cuando el tribunal afectado se encuentra en trances decisorios o en fase de enjuiciamiento definitivo», pero «lo que se somete a consideración de los magistrados recusados no supone el enjuiciamiento definitivo de doña Cristina Federica de Borbón».
La tramitación del incidente de recusación planteado por Manos Limpias ha demorado la resolución de los recursos presentados contra la imputación de la infanta y de otros imputados en el caso Nóos, que inicialmente se había previsto para el 23 de octubre.
Fuentes judiciales han indicado que la sala que deberá resolverlos, formada por los citados Gómez-Reino, De la Serna y Jiménez, previsiblemente fijará en los próximos días una nueva fecha de deliberación y fallo.