El Ajuntament de Palma ha propuesto este martes demoler el bloque VIII de Camp Redó para avanzar en el proyecto de rehabilitación integral del barrio y, así, éste será uno de los acuerdos que Urbanismo propondrá a la próxima Junta de Gobierno.
El teniente de alcalde de Urbanismo y Vivienda, Jesús Valls, ha informado que en la Junta de este miércoles se propondrá también la necesaria consignación presupuestaria, fijada en 508.000 euros, con el objetivo de llevar a cabo a principios de 2015 la demolición de este inmueble. Los trabajos tendrían un coste estimado de 150.000 euros que serían asumidos por el Consorci Riba.
El bloque VIII, vecino en línea longitudinal del número XIII que ya fue demolido a finales de 2011, cruza de forma transversal el ámbito del Camp Redó ocupado por estos edificios de viviendas sociales. Por ello, con esta medida, según Cort, se favorecería su esponjamiento y supondría un paso más en la rehabilitación integral de la barriada facilitando la intervención de la iniciativa privada y no por la reforma de los bloques «dada la inviabilidad económica, social y urbanística» de esta última opción.
Valls ha explicado que esta actuación es consecuencia de la política de amortización de deuda aplicada por el equipo de Gobierno, «con efecto en todas las áreas que, en el caso de Urbanismo, permitirá continuar trabajando en materia social y urbanística en Camp Redó».
El bloque VIII consta de 32 viviendas de las cuales 12 son de titularidad pública y cinco corresponden al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), que las cederá «dentro del marco de entendimiento establecido al inicio de legislatura ya que no se pagarán indemnizaciones al Ibavi como se hizo en la legislatura pasada». Otras diez viviendas serían objeto de permuta por otras en bloques del Camp Redó.
Por último, la opción manifestada hasta el momento y pendiente de concretarse en función de que se lleve a cabo la unidad de ejecución, para las personas de las diez viviendas restantes sería el alquiler social, que se costearía con lo que les fuera abonado en concepto de indemnización.
Valls ha explicado que el objetivo del Ajuntament de Palma es «reunir todas las voluntades y llegar a un acuerdo con todos y cada uno de los propietarios». Además, ha precisado que «el bloque se encuentra en muy mal estado pues hay informes técnicos que ponen de manifiesto que algunas viviendas carecen en algunas casos de las máximas condiciones de habitabilidad».
«Si fuéramos capaces de dar continuidad» a esta línea de actuación «a los otros dos bloques transversales que están en Cotlliure, es decir los bloques XVIII y XXIII, nos encontraríamos, según los estudios económicos elaborados por el Consorci Riba, en una situación en la que ya sería viable económicamente la intervención de la iniciativa privada sin salir del ámbito y, por tanto, sin tener que aportar» al proyecto de rehabilitación integral de la zona «solares distintos a los propios del Camp Redó» y, por tanto, «sin tener que aportar desde las arcas públicas el total de la rehabilitación integral del barrio».
Valls ha añadido que la «la opción urbanística» futura «vendrá determinada en el nuevo PGOU donde se va a prever un ARE para que todas las familias que quieran continuar viviendo en el barrio en el futuro puedan hacerlo».
Por otra parte, ha explicado que en el bloque XII, proyectado en la pasada legislatura, «ya se están ejecutando los trabajos para subsanar los defectos de construcción, al tiempo que se están preparando los presupuestos para llevar a cabo pequeñas actuaciones, aprobados por la comunidad de propietarios, consistentes, por ejemplo, en dotar de luz a las escaleras, algo que no estaba contemplado en el proyecto».