La Fiscalía ha acordado mantener su petición de cuatro años y medio de cárcelpara la secretaria general de CCOO en Balears, Katiana Vicens, durante el juicio que se ha celebrado contra ésta -ya visto para sentencia- por un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de daños por presuntamente romper el cristal de un autobús durante un piquete en la huelga general celebrada el 29 de marzo de 2012.
Durante la exposición de los informes finales, la fiscal Amparo González ha calificado de «antidemocrática» la actitud de Vicens por «obligar a alguien a hacer lo que no quiere», en relación al conductor del vehículo -que se encontraba en servicios mínimos-, y ha subrayado que «el derecho a la huelga acaba en el derecho de otro trabajador de no ejercerla».
La representante del Ministerio Público ha apuntado, de hecho, que la declaración del chófer durante la vista oral es «prueba suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia» de la acusada, aseverando cómo el conductor, «sin animadversión ni motivos espureos, ha relatado que vio a Vicens arrancar el cartel de servicios mínimos que había colgado en el autobús y golpeó el cristal».
Es más, ha apuntado que uno de los policías que se encontraban presentes en la Estación Intermodal de Palma, donde tuvo lugar el incidente, «ha corroboradoque así sucedieron los hechos». «La acusada ha mantenido diversas posturas durante la instrucción de esta causa, mientras que la víctima, que no tiene ningún interés en este pleito, ha mantenido la misma versión sobre los puntos clave, con matizaciones pero sin contradicciones».
Por su parte, la defensa de Vicens, ejercida por el letrado Josep Perelló, ha apelado a la necesidad de contextualizar estos hechos y ha subrayado que no hay prueba de cargo suficiente contra su patrocinada para condenarla por unos hechos que, ha recalcado, no han quedado acreditados. «Se exige que la coacciónsea grave y en este caso no ha sucedido nada de esto», ha espetado.
Del mismo modo, ha recriminado que la fiscal no haya justificado por qué solicita cuatro años y medio de cárcel y no la pena mínima por los delitos que imputa a Vicens.