El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, ha aplazado para el próximo día 20, a las 12.00 horas, la declaración como imputada de la que fuera secretaria general técnica de la Conselleria de Vicepresidencia durante ese mandato, Jane King, quien estaba citada para el día 14 en relación al presunto fraccionamiento de más de 100.000 euros por parte del Govern de cara a la presentación de una Opera en Palma que no llegó a ver la luz.
En concreto, la Fiscalía Anticorrupción investiga si el pago de esta cantidad a distintos proveedores que prepararon el acto de presentación de la Opera en Palma se fraccionó en una decena de contratos menores -de entre 9.000 y 12.000 euros aproximadamente- para que éstos pudieran ser adjudicados de forma directa y sin concurso.
Se trata de un acto que finalmente no se llevó a cabo debido a que horas antes así lo había prohibido la Junta Electoral en 2007 ante la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales de ese año.
La Opera fue proyectada al término de la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007), y la elaboración de su anteproyecto fue adjudicada al arquitecto Santiago Calatrava, quien cobró 1,2 millones de euros públicos por este trabajo a pesar de que la infraestructura no llegó a ser construida. Según varios testigos, fue Matas quien dio la orden de contratar directamente al artista valenciano y quien fijó el precio que se le debía abonar.
En el caso de King, quien fue número dos de la exvicepresidenta del Govern y actual eurodiputada Rosa Estaràs, se encuentra imputada en otras piezas del caso Palma Arena, en el marco de cuya instrucción señaló ante Castro cómo, durante la construcción del velódromo palmesano, advirtió a Matas de que el coste de la infraestructura «se estaba disparando».
Según sus palabras, el exjefe del Ejecutivo autonómico le respondió que «había que acabarlo como fuera», escudándose en la celebración del Mundial de Ciclismo en Pista de 2007. En concreto, a nivel global el caso Palma Arena indaga el supuesto desvío de más de 50 millones de euros durante la ejecución del velódromo y su conexión con el enriquecimiento supuestamente ilícito de Matas así como con la presunta financiación irregular del PP balear.
King fue además condenada a un año y medio de cárcel y a tres de inhabilitación, por un delito de malversación y otro de prevaricación, en el marco del segundo juicio celebrado por el caso Palma Arena, a raíz de la adjudicación de un contrato menor de 12.000 euros públicos por la realización de un estudio sobre accesibilidad del que no existe constancia.