La Audiencia Provincial de Balears ha reabierto las investigaciones contra 22 controladores que fueron imputados por el abandono masivo de sus puestos de trabajo al inicio del puente de la Constitución de 2010 -los días 3 y 4 de diciembre-, que se saldó con el cierre del espacio aéreo.
El tribunal de la Sección Segunda ha revocado de este modo el auto por el que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, Ana Cameselle, archivó el pasado mes de marzo la causa contra los controladores por considerar que los hechos no eran constitutivos de un delito de sedición por el que fueron encausados en el marco de estas investigaciones.
La Sala ha estimado así los recursos interpuestos por la Fiscalía, la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) y varios de los afectados por los hechos.
Atendiendo a las consideraciones de los apelantes, el tribunal asevera en su auto, cuyo ponente es el magistrado Juan Jiménez, que «la instrucción no ha finalizado» y que «resulta claro que faltan diligencias por practicar» antes de adoptar una decisión como la tomada en primera instancia al archivar las investigaciones.
De hecho, apunta que no se ha aportado a la causa ningún informe forense que acredite la supuesta afectación psicológica que aseguraron padecer los controladores para abandonar el servicio, e incluso considera «sumamente débil» el contenido de las declaraciones de los médicos que presenciaron los hechos.
Es más, subraya que la investigación de los hechos exige que el Instituto Médico Forense informe al juez instructor, a la vista de los hechos, «si es posible y creíble una explosión epidémica de tal intensidad que, durante 24 horas, afecte a un sector concreto de la sociedad en su práctica totalidad y a nadie más».
«Necesario es contar con información forense acerca de la credibilidad y alcance de las manifestaciones» de los controladores, incide la Sala, que ve por tanto «prematura» la resolución por la que fueron archivadas las pesquisas.
Coincidiendo con las alegaciones de los controladores de que no se han descrito las conductas de cada uno de ellos para determinar si hay indicios de criminalidad, el tribunal afirma además que la instrucción «no ha avanzado lo suficiente para que sea posible adentrarse en los hechos atribuibles a todas y cada una de las personas que se vieron involucradas en los acontecimientos».
Sobreseimiento «prematuro»
En este sentido, recalca que «sólo tras la práctica de estas diligencias y de cuantas otras sean procedentes» se podrá dictar el archivo de las investigaciones. «Acordar antes el sobreseimiento es prematuro por cuanto en este momento no es posible determinar si la conducta de uno, varios o todos los controladores que abandonaron sus puestos de control» puede ser constitutiva de delito.
La Fiscalía recurrió el archivo al alegar, de igual modo, que no es el momento procesal oportuno para calificar penalmente los hechos al haber pendientes diversas diligencias de instrucción, «entre las que se encuentran las declaraciones de los imputados».
Por su parte, la FEHM apuntaba a la actividad delictiva desplegada por los controladores en virtud de un «abandono» que fue «una decisión tomada desde el inicio», al tiempo que aseveraba que la paralización del espacio aéreo del país «fue una decisión o consecuencia inevitable de las actuaciones ilícitas del colectivo».
Bajas masivas de los controladores
Fue sobre las 18.00 horas, el 3 de diciembre de 2010, cuando AENA comunicaba el cierre del espacio aéreo de Madrid y los aeropuertos de Barajas, Palma, Eivissa y Menorca, ante las bajas masivas presentadas por los controladores aéreos en varias dependencias declarándose así «incapaces de prestar» el servicio y «abandonando su puesto de trabajo».
Durante la instrucción de esta causa, los controladores que en las islas abandonaron sus puestos han coincidido en asegurar que su estado anímico les impidió hacer su trabajo y han negado que sus bajas constituyesen una huelga encubierta ni «ningún boicot».
La actuación de los controladores provocó que más de 600.000 pasajeros resultasen afectados, unos 40.000 de ellos en Balears. Uno de los perjudicados llegó a relatar ante el magistrado cómo estos hechos le impidieron volar desde Palma para viajar hasta Guadalajara, donde su madre se encontraba gravemente enferma y finalmente falleció sin que él pudiese estar a su lado.