La Assemblea de Docents advirtió ayer al Govern de que «cualquier marginación» que sufran en la negociación relativa a la huelga indefinida «será respondida con inmediatas acciones legales».
En un comunicado, los docentes lamentan la «nueva actitud antidemocrática del Govern» y aseguran que la combatirán «con toda la contundencia necesaria» puesto que consideran que se está vulnerando el ejercicio legítimo del derecho de huelga.
Si Camps o alguien más del Govern –apuntan– «tiene dudas de la legalidad de la convocatoria de paro hecha por el colectivo docente su obligación es hacer valer la vía jurisdiccional para denunciarlo». Y añaden: «No se entiende que ahora, un año después de la convocatoria de la huelga, se deje al margen de la negociación al comité de huelga de la Assemblea, cuando durante las reuniones del año pasado sí se nos convocó».
El comunicado recuerda que «a requerimiento de la Administración, se aclaró en su día que la convocatoria de huelga de la Assemblea tenía carácter indefinido y a esta comunicación la Conselleria respondió con el silencio, sin ninguna objeción».
Por eso, los docentes consideran que «hacer como si la convocatoria de huelga de la Assemblea de Docents no existiese es una más de las irresponsabilidades a las que nos tiene acostumbrado este Govern y aboca a un nuevo ridículo jurídico ante los Tribunales».
«Los continuos fracasos a los que el empecinamiento del Govern ha llevado a la Administración (suspensión del calendario de aplicación del TIL, declaración de nulidad de los servicios mínimos impuestos, etc.) son fruto de un Ejecutivo prepotente, falto de espíritu democrático y que incumple las reglas del juego democrático». Por último, insisten los miembros de la Assemblea en que «esta nueva actitud antidemocrática del Govern, en caso de persistir, será combatida con toda la contundencia necesaria, ya que se está vulnerando el ejercicio legítimo de un derecho fundamental, como es el de huelga».
Responsabilidades
Los portavoces de la Assemblea aseguran que «se analizarán detalladamente las eventuales responsabilidades penales de los funcionarios o autoridades que participen, activa o pasivamente, en el dictado de las resoluciones administrativas injustas en contra del derecho de huelga de los trabajadores de la ense- ñanza organizados desde la Assemblea de Docents».