Las 41 instalaciones portuarias dependientes del organismo autonómico Ports Illes Balears, a diferencia de los cinco puertos de interés general, han tenido una evolución a la baja en cuanto a inversiones, salvo alguno de reciente construcción, caso de Port Adriano.
El conseller de Turisme, Jaime Martínez, puntualiza que «ha habido pocas inversiones privadas, aunque existen motivos para ello».
Otra cuestión que no se entiende es que durante los últimos 25 años no se han modificado los cánones a pagar por los explotadores y concesionarios de los puertos autonómicos, circunstancia que ha variado en esta legislatura, ya que la Conselleria de Turisme, a la vista de la caída en picado de los ingresos, que se han reducido un 60% desde 2006, ha actualizado los cánones. Sin embargo, algunos puertos lo han recurrido, caso de Portals (paga un canon anual de 5.810 euros al Govern), Santa Ponça (482 euros) y Pollença (20.278 euros).
Ley de Puertos
La modificación de la Ley de Puertos, cuya tramitación parlamentaria estará finalizada para después del verano, según el conseller, «pretende mejorar la planificación y la competitividad de todos los puertos dependientes de Ports IB».
Con esta modificación, el conseller de Turisme asegura que «se da más seguridad jurídica a los concesionarios. Antes no se hacían mejoras porque los proyectos de ejecución tenían un coste alto y en el proceso de licitación de obras se podía perder la gestión del puerto. Ahora, se introduce el derecho al tanteo para que la empresa concesionaria pueda igualar la oferta de ejecución de las obras y proyectos y pode seguir con la concesión. Esto hará que se incentiven las obras y las inversiones en todos los puertos».
Tanto es así, que gracias esta modificación está variando la estrategia de muchas concesionarios, entre ellos los de Punta Puerto Portals, que están ultimando millonarios proyectos para no perder la concesión y poder prorrogarla 35 años más.