El portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista, Vicenç Thomàs, ha asegurado hoy que el borrador de decreto que desarrolla la Ley de Turismo de Baleares «deja muy claro para quién legisla el PP: para el sector hotelero, en detrimento de otra parte muy importante como es la oferta complementaria».
El diputado socialista ha criticado que el borrador no establece límites a la implementación del régimen hotelero conocido como «todo incluido», para el que únicamente crea un registro «sin ningún tipo de control» y tampoco se fijan limitaciones para la «segunda actividad» de los hoteles en ámbitos como el ocio nocturno, la restauración o el comercio, donde hacen la competencia a la oferta complementaria.
«Favorece claramente al sector hotelero y va contra toda la oferta complementaria», ha afirmado en una rueda de prensa.
Thomàs tampoco considera «razonable» la regulación del turismo residencial que lleva a cabo el Govern en el borrador. El diputado ha calificado como «arbitrarios y sin sentido» algunos criterios de regulación como la diferenciación entre viviendas plurifamiliares, donde no se permite el alquiler turístico, y unifamiliares, donde sí.
Según Thomàs «alguno de los criterios podría incluso constituir una ilegalidad o inconstitucionalidad porque afecta a los derechos de los propietarios», como esa distinción entre viviendas unifamiliares y plurifamiliares; la fijación de 1960 como fecha de construcción a partir de la cual se puede alquilar una vivienda, o la necesidad de conformidad vecinal para alquilar en algunos casos.
Thomàs ha asegurado que si bien existe una gran demanda y Baleares es la comunidad autónoma donde más ha aumentado el interés por el alquiler turístico, el Govern ha elaborado un borrador de decreto que «no regula adecuadamente» esta cuestión.
«Todo el mundo está de acuerdo en que es necesario regular una actividad que existe, se deben fijar límites, algún tipo de fiscalidad y que sea controlada. Si el decreto no lo hace, otra vez miramos hacia otro lado», ha criticado.
Thomàs ha asegurado además que con este decreto el Govern «quita competencias a los consells» en materia de promoción y ordenación turística, en lo que ha calificado como «un nuevo capítulo de recentralización» protagonizado por el ejecutivo del PP.
El diputado socialista ha reclamado además que se prorrogue el período de alegaciones porque considera insuficientes «quince días en agosto, cuando todo el sector está plenamente implicado en su propia actividad». «Si la regulación se quiere aplicar de cara a la próxima temporada turística, todos necesitamos más tiempo», ha pedido.
Thomàs se ha referido también el proyecto de ampliación del Club de Mar de Palma, que ha calificado de «expansivo» y «especulativo» y del que ha dicho que se suma a los planteados para El Molinar, Calanova o el Moll Vell, que se basan en los cambios normativos aprobados recientemente por el PP, que favorecen que «clubes que son entidades privadas, puedan hacer sobre espacios públicos la regulación de su actividad como quieran».
Ha criticado que todos ellos sean proyectos económicos que se basan en los ingresos generados mediante oferta complementaria y ha cuestionado su interés público.
Por otra parte, el diputado Joan Boned ha manifestado la oposición socialista a varios puntos de la reforma de la Ley de Finanzas de Baleares, cuyo trámite de alegaciones finaliza el próximo lunes.
Ha pedido que si lo que se busca es dar transparencia y un mejor control presupuestario, se permita que dichas funciones de control las ejerza el Parlament.
Boned ha asegurado que la reforma «llega tarde» y entre en vigor en enero de 2016, de manera que el Govern que la va a aprobar no la aplicará. El diputado ibicenco ha reclamado que la mayor parte de la nueva norma se aplique a partir de 2015.
Entre los puntos que los socialistas quieren modificar figura que si hay discrepancia entre alguna conselleria y la Intervención de la comunidad, la norma hace que prevalezca el criterio del Consell de Govern. Boned ha criticado que puede suponer que el ejecutivo apruebe propuestas en contra del criterio de la Intervención.
También rechaza que la competencia para abrir expedientes a los altos cargos sea del Consell de Govern, cuando es el que los nombra.