Las medianas superficies, integradas en la Associació de Supermercats de les Illes Balears (ASODIB), alertan al Govern de que la Ley de Comercio que se está tramitando en el Parlament es inconstitucional porque incumple legislación básica estatal.
Han registrado alegaciones en el Parlament en las que aseguran, por ejemplo, que la ampliación de un establecimiento no requiere solicitud de autorización autonómica, como marca la ley balear. Afirman que la ampliación es automática y solo requiere la licencia de obras preceptiva, porque así lo señala un decreto ley aprobado el pasado mes de julio por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Este decreto de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia señala que no hace falta autorización autonómica previa para la ampliación.
El otro punto discrepante es el relativo a los trámites de apertura de los comercios. El Gobierno central considera que, si un Ajuntament no contesta a la petición de apertura de un comercio, a los tres meses la licencia está concedida por silencio administrativo. En el caso de la ley balear, sucede lo contrario: cuando la administración no contesta, se entiende que se ha rechazado la petición. Afirman que este artículo es inconstitucional.