«Madrid ha autorizado la operación para finalizar las obras del Palacio de Congresos», aseguró el teniente de alcalde d'Economia, Julio Martínez. En este sentido, explicó que Cort y el Govern se han reunido con el Gobierno central, que les ha dado el visto bueno a la operación que ya están tramitando.
Uno de los requisitos que ha pedido el Ministerio de Hacienda es que conste por escrito que los 43 millones que solicitó Cort, a través del mecanismo de pago a proveedores para saldar la deuda con Acciona, se los devolverá el Ejecutivo autonómico en cinco años. Por ello, hay un acuerdo del Consell de Govern sobre el abono de este dinero a Palau de Congressos y otro de la Junta de Gobierno de Cort solicitándoselo a la sociedad.
Endeudamiento
Otra opción es el endeudamiento, para lo que el Consistorio necesita la autorización de Madrid, ya que en 2011 superó el coeficiente permitido. Martínez criticó que la deuda de Palau de Congressos le computa a Cort porque el Pacte puso un recurso para que no dependiese del Govern. «El recurso de Antich ha complicado mucho la financiación del Palacio de Congresos», sentenció. Además, recriminó que en el recurso se argumentase que la deuda de la sociedad debía computar al Ajuntament porque ostenta la presidencia. «Antich se lo endosó a Calvo», lamentó Martínez.
No obstante, destacó que el Palacio de Congressos dejará de computar como deuda al Consistorio en cuanto haya un operador privado que se haga cargo de su gestión. En ese momento, no se considerará administración y pasará a ser tratada como una empresa pública; será similar a Emaya o Mercapalma.
El titular d'Economia desmintió las dudas del PSOE, que en el pleno advirtió que la operación para terminar el Palacio de Congresos podría ser ilegal.