El Ajuntament de Palma tiene previsto presentar hoy una demanda en el Juzgado de lo Social para paralizar la convocatoria de huelga en el servicio de recogida de basuras de Emaya, una medida de presión que, con carácter indefinido, a partir del próximo día 22 de este mes ha anunciado la representación sindical de esta empresa municipal.
Entre los argumentos que plantea Cort para que se declare la ilegalidad del paro anunciado destaca que la convocatoria «constituye un manifiesto político en toda regla», según consta en el borrador en el que se ha trabajado durante todo el fin de semana. En esta misma línea, señala que en la mayoría de las peticiones que figuran en el escrito remitido por el comité de empresa -integrado por 38 representantes pertenecientes a UGT, USO, CCOO, CSI, USTE y SITEMAYA- «establecen 31 objetivos de negociación, la mayoría de los cuales exceden del ámbito de decisión de la dirección de Emaya». Cabe recordar que el actual gerente de la empresa es el teniente de alcalde Andreu Garau, centro de las críticas de la representación sindical.
Convenio colectivo
Según interpretan los servicios jurídicos de Emaya, las exigencias de los sindicatos para justificar la huelga en la recogida de basuras -cuya eventual desconvocatoria está pendiente de la reunión de hoy en el Tribunal d'Armitratge i Mediació de les Illes Balears- implican la modificación del vigente convenio colectivo, «además de los acuerdos ya suscritos con los propios sindicatos», el último de ellos en el mismo TAMIB el pasado mes de mayo.
Además, otros de los aspectos en los que incide la demanda es que en el caso de que se accediese a determinados puntos de las exigencias sindicales, se estaría contraviniendo la actual legislación.
Usurpar funciones
La demanda para lograr la paralización de la convocatoria de huelga pone especial énfasis en denunciar algunos incumplimientos formales, entre ellos que está firmada únicamente por el presidente del comité de empresa, Miguel Romero, además de no precisar qué personas forman el comité de huelga «ni permite saber con certeza cuándo comienza la huelga ni cómo se llevará a cabo».
En opinión de los asesores jurídicos de la empresa municipal encargada del servicio de la recogida de basuras de Palma, «lo único cierto -en referencia a la convocatoria- es su carácter indefinido, y que no ha sido sometida a la decisión del conjunto de la plantilla».
El departamento de Medio Ambiente -dedicado a tareas de limpieza- de Emaya ocupa, en la actualidad, a alrededor de ochocientas personas.
La argumentación jurídica en la que trabajan los asesores municipales para sostener la demanda pone un especial énfasis en la ilegalidad de la convocatoria, extremo que apuntalan, desde su punto de vista, que las peticiones «pretenden usurpar la capacidad de decisión, dirección y organización de trabajo de la empresa para dejar en manos del comité la gestión de la misma».
Este es uno de los aspectos en los que se trabaja con más insistencia por parte del equipo de gobierno, toda vez que las peticiones que formulan los sindicatos supondrían tirar por tierra toda la labor de saneamiento de la empresa municipal realizada en los últimos años. Emaya es uno de los servicios públicos que más pérdidas genera en las arcas municipales, circunstancia que ha obligado a modificar turnos y dotaciones para tratar de economizar al máximo los costes.
Desde Cort se insiste en que el saneamiento económico de Emaya no ha supuesto despidos y que en ningún momento se ha planteado su privatización.