Mañana tendrá lugar una reunión trascendental para el futuro de la huelga en el servicio de recogida de basuras de Palma que presta la empresa pública Emaya, de titularidad municipal. Los representantes sindicales y del Ajuntament de Palma están citados en el Tribunal d'Armitratge i Mediació de les Illes Balears (TAMIB) para lograr una acuerdo que logre desconvocar un paro que amenaza con transformar la ciudad en un gran vertedero a partir del martes de la semana que viene.
Las principales agrupaciones empresariales ya han manifestado su preocupación por las consecuencias económicas de la huelga, que puede convertirse en un torpedo que hunda una temporada turística que para empresas y trabajadores es la auténtica tabla de salvación de la crisis.
Sin demandas laborales
Uno de los aspectos más llamativos de esta huelga es que carece de reivindicaciones salariales. Los sindicatos firmantes -UGT, CCOO, USO, CSI, USTE y SITEMAYA- plantean en su convocatoria cuestiones que están más vinculadas con la gestión de la empresa que con las condiciones laborales.
Así, el primer punto es «recuperar la periodicidad» de las rutas de limpieza, «reforzas el servicio de recogida de noche» y cubrir «las jubilaciones parciales» pactadas. Todas estas medidas han sido corregidas por el equipo que gestiona Emaya, encabezada por el teniente de alcalde Andreu Garau, para frenar las pérdidas que acumula la empresa sobre las cuentas municipales.
Desde el inicio de la legislatura, el equipo de gobierno municipal ha tratado de minimizar los costes de Emaya optimizando sus recursos, tanto técnicos como de personal, y modificando algunos aspectos que han incidido de manera muy directa en la remuneración de parte los trabajadores. En este sentido, se han restringido al máximo las brigadas que trabajan en horario nocturno y en festivos.
Costes disparados
El coste laboral de un trabajador del servicio de limpieza de Emaya se eleva a 42.500 euros, un dato que resulta llamativo si se compara con el de cualquier empresa privada del sector: 29.000 euros anuales.
Un dato relevante: los trabajadores de Emaya tienen derecho a un total de cuatro pagas dobles al año, dos más que la inmensa mayoría de los trabajadores.
Resulta significativo que los 38 trabajadores que integran la representación sindical de Emaya suponen un coste laboral per cápita de 53.000 euros a Emaya. Su salario bruto anual es de 40.500 euros, una cantidad que asciende hasta los 60.000 euros cuando cobran el plus de nocturnidad.
Con esta última cifra se supera, incluso, el salario asignado para el alcalde Mateo Isern.
Desde que en 2011 entró en el gobierno de Cort, el PP ha tratado de controlar y reducir el lastre financiero que para las cuentas municipales supone Emaya -que junto con la EMT es el servicio que más pérdidas genera-. Las medidas aplicadas por Garau han permitido cerrar el balance con un beneficio de 10 millones de euros, que son atribuibles al servicio de abastecimiento de agua, ya que la recogida de basuras es deficitaria.
Los gestores de Emaya enfatizan que estos beneficios son imprescindibles para poder devolver la deuda -cifrada en unos 100 millones de euros- y acometer obras urgentes en la red de abastecimiento de agua, en especial en la reparación de dos de los tres grandes depósitos reguladores y las conducciones generales.
Precisamente, la insostenible situación financiera de Emaya es la que ha provocado que se hayan acumulado años en la revisión y modernización de las instalaciones.