El Govern y Cort deberán indemnizar a la empresa Acciona, encargada de la construcción del Palacio de Congresos, por estos dos años en que la obra ha estado paralizada, pero ambas instituciones esperan llegar a un acuerdo a la baja con la empresa, según explicó ayer el teniente de alcalde de Turisme de Palma, Álvaro Gijón.
Según los datos que facilitó en su día el exconseller de Turisme en el Parlament, la paralización de las obras implicaba el pago de 450.00 euros mensuales, lo que suma un total de 12 millones de euros por los casi dos años de paralización.
Gijón se mostró convencido de que la indemnización no sumará en absoluto esta cantidad total ya que Govern y Cort comenzarán un periodo de negociaciones con la empresa la próxima semana para tratar de llegar a un acuerdo y cerrar temas pendientes.
Actualización
Entre estas cuestiones que deberán abordarse en este encuentro está saber si se actualizan los precios sobre los que se proyectó la obra. Gijón explicó que la base económica de las obras se hizo en el año 2002, por lo que muy probablemente habrá actualización, aunque ello no tiene por qué implicar un aumento del precio.
El teniente de alcalde añadió que el grueso de la obra, los materiales, ya están pagados y esa es precisamente una de las partidas que más ha aumentado de precio en los últimos años. La parte de las obras que queda por hacer corresponde a adecuación de interiores y mobiliario, lo cual no conlleva necesariamente un incremento ya que muchos de estos precios se han ajustado.
El teniente de alcalde de Turisme se mostró convencido además de que, a diferencia de lo que ha sucedido con otras grandes infraestructuras, en ésta no habrá sobrecoste y el precio final rondará los 120 millones de euros previstos.
La oposición
Ni PSIB ni Més se muestran tan optimistas como Gijón. Los socialistas quieren que haya una comparecencia para que el equipo de gobierno explique con detalle cómo se cerrará la operación, que ayer quedó aprobada por el consejo de administración de la sociedad Palacio de Congresos. Los socialistas quieren saber cuánto dinero queda por pagar, así como cuánto se debe a la empresa como consecuencia de la decisión unilateral de parar las obras. Aina Calvo recordó que esta infraestructura es una herencia de la época de Matas.
Més, por su parte, se mostró convencido de que la infraestructura ha sido una ruina pero lo seguirá siendo cuando acaben las obras ya que otras similares construidas en otros territorios soportan un déficit anual de dos millones de euros. Antoni Verger denunció que esta obra habrá costado 126 millones de euros al ciudadano.