El equipo de gobierno del Consell de Mallorca dijo ayer que son los alcaldes quienes quieren se amnistíe el urbanismo ilegal en los pueblos de Mallorca, de ahí que el gobierno insular acceda.
La institución insular abrió ayer el proceso para que los ayuntamientos de Mallorca comiencen la fase de legalización de las viviendas, a pesar de las advertencias de ilegalidad de la oposición.
Més reiteró que esta amnistía es inconstitucional y el PSIB denunció que el objetivo final es ayudar a los infractores para conseguir votos en las próximas elecciones.
Agravio
La respuesta del conseller de Territori, Mauricio Rovira, fue que el Consell no legaliza nada, sino que serán los alcaldes quienes lo hagan en sus respectivos municipios. También defendió el proceso en el hecho de que los consells de Eivissa y Menorca se han sumado a la propuesta, lo que crearía un agravio comparativo si no se suman los de Mallorca.
Rovira insistió en que se desconoce por completo el número de viviendas que se legalizarán y, en cualquier caso, precisó que solo se beneficiarán de la propuesta aquellas sanciones que ya hayan prescrito y contra las que ya no se podrá actuar. «Todos sabemos que tenemos un problema y lo único que hacemos es intentar resolverlo», dijo el conseller.
Los favores del PP
La oposición no lo ve así. Para Mercedes Garrido, del PSIB, lo único que busca el PP con este proceso es favorecer a quienes en su día cometieron una infracción para conseguir sus votos en las próximas elecciones. «Usted están pidiendo el voto para el PP, que es el partido que hace favores», concluyó.
El portavoz de Més, Joan Font, insistió en que la medida es ilegal y que esta legalización masiva crea un precedente muy grave porque invita a los ciudadanos a saltarse la ley con la esperanza de que se apruebe otra amnistía dentro de unos años.
También lamentó que el PP se lave las manos y deje en manos de los ayuntamientos esta polémica tramitación. «Los ayuntamientos se van a encontrar con enormes problemas a la hora de aplicar este disparate», dijo.