'La huelga no es un delito', 'Ni un paso atrás', 'Yo soy Katiana', 'No nos callarán' y 'Que viva la lucha de la clase obrera' fueron los lemas coreados por las cerca de 300 personas que ayer se concentraron, frente a la Delegación del Gobierno en Palma, para denunciar la ofensiva penal contra el derecho a la huelga y la libertad sindical.
«Quieren meter el miedo en el cuerpo de la gente para que no sigan las movilizaciones que convocan las organizaciones sindicales», apuntó ayer la secretaria general de CCOO, Katiana Vicens, a quien la Fiscalía solicita cuatro años y medio de prisión por un presunto delito contra la libertad de los trabajadores.
Persecución
«Lo más grave es sentir que la Fiscalía te persigue», afirmó Vicens y añadió que «mientras piden a los sindicalistas que entren en prisión, la justicia deja de funcionar como tocaría, y deja en la calle a aquellos que han metido la mano en el bolsillo de todos».
Por su parte el secretario general de UGT, Manuel Pelarda, hizo un llamamiento a los ciudadanos para que se «levanten y pidan libertad y amnistía» para los más de 260 sindicalistas inmersos en procesos penales o administrativos en España.
Pelarda y Vicens entregaron un escrito a la delegada del Gobierno, Teresa Palmer, que se comprometió a remitir al Gobierno el documento que hace referencia al derecho a la huelga.