El proceso de amnistía urbanística al que hoy dará el visto bueno el Consell de Mallorca es inconstitucional, según los representantes del PSIB Jaume Garau y Mercedes Garrido. Aseguran que resta poder a la institución, que actúa obligada por el Govern, que invade sus competencias. Para lo socialistas, el proceso es un nuevo «ataque» a la arquitectura institucional de la Comunitat.
Dado que consideran que esta medida es claramente anticonstitucional, amenazaron ayer con impugnarla en el momento en que un ayuntamiento apruebe la primera legalización de la obra.
Los socialistas afirman que el PP ha confundido prescripción con legalización. Garrido opinó que se trata de un grave paso atrás en el control del urbanismo ilegal y añadió que la norma provocará un efecto «llamada».
Amiguismo
Además de crear desigualdad y agravios comparativos con los ciudadanos de Mallorca que han hecho sus viviendas cumpliendo la ley, los socialistas consideran que se trata de una ley «a la carta» para beneficiar amigos y a personas «con nombres y apellidos».
«El PP fuerza la ley para recuperar votos antes de las elecciones», dijo Garau. Mercedes Garrido también consideró que se trata de una medida claramente electoralista que busca conseguir votos consagrando el urbanismo ilegal.
Una vez que el Consell apruebe la norma, podrán acogerse a ella aquellos infractores con obras con un mínimo de ocho años de antigüedad.