Cerca de 300 personas se han concentrado este miércoles, ante la sede de Delegación del Govern en Palma de Mallorca, para denunciar la campaña de «criminalización» contra el sindicalismo, que tiene por objeto «meter el miedo en el cuerpo de la gente para que no sigan las movilizaciones que convocan las organizaciones sindicales», según ha declarado la secretaria general de CCOO Katiana Vicens.
Por su parte, el secretario general de UGT, Manuel Pelarda, ha llamado a «levantarse y reclamar libertad y amnistía» para los sindicalistas inmersos en procesos administrativos y penales, y ha criticado que «no es de recibo» que Vicens, «sufra esta persecución», para la que piden la pena de cuatro años y medio de prisión.
En este sentido, la secretaria general de CCOO ha declarado que «lo más grave es sentir que la fiscalía te persigue», y que «mientras piden a los sindicalistas que entren en prisión, la justicia deja de funcionar como tocaría, y deja en la calle a aquellos que han metido la mano en el bolsillo de todos».
Además, Vicens ha explicado que la «campaña de criminalización» tiene el objetivo de «presentar a los piquetes como violentos y agresivos para decir que hace falta una regularización del derecho de huelga y hacerlo de una forma regresiva y represiva, y que la sociedad, una vez convencida de que son violentos, en vez de alzarse y decir basta ya, les aplaudan una vez más».
Campaña nacional 'No nos callarán'
La concentración ha transcurrido bajo el lema 'No nos callarán', con manifestantes que se han acompañado de banderas de CCOO y UGT y lemas como «Queremos Justicia», «Que viva la lucha de la clase obrera», «Esto es lo que pasa con un gobierno facha», «Yo soy Katiana» o «Ni un paso atrás».
Según ha declarado Vicens, la concentración ha formado parte de una campaña a nivel nacional, en la que CCOO y UGT han llamado a concentrarse delante de todas las delegaciones de Gobierno de España.
Desde los sindicatos aseguran que «en total son 81 los procedimientos abiertos y 265 los sindicalistas inmersos en procesos penales o administrativos» y que los principales conflictos están relacionados con el desarrollo de las jornadas de huelga general del 2010 y 2012, «donde se acumula la inmensa mayoría de procedimientos administrativos y penales».
Más de 265 trabajadores y sindicalistas encausados
En el conjunto nacional, han sido miles de personas las que se han concentrado este miércoles ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de toda España convocados por CC.OO. y UGT para reclamar a los poderes públicos y al Gobierno central que respeten el ejercicio pleno de la libertad sindical y del derecho de huelga, y «cesen en su intento de criminalizar» las protestas sociales y laborales.
En las concentraciones de este miércoles, que se suman a las ya celebradas con anterioridad en Madrid, Navarra y Galicia, se ha mostrado el apoyo a los más de 265 trabajadores y sindicalistas encausados, para los que el Ministerio Fiscal pide en conjunto un total de 120 años de cárcel por su participación en huelgas.