La asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (FdV) ha emitido un comunicado este lunes en el que muestra su «más contundente rechazo ante las intolerables e incalificables manifestaciones» vertidas por el fiscal anticorrupción de Baleares Pedro Horrach contra el instructor del «caso Nóos», José Castro en el escrito en el que decidió mantener la imputación de la Infanta Cristina en esta causa.
«Vuelve a utilizar el Fiscal expresiones inapropiadas dirigidas a descalificar la actuación del juez instructor con alusiones no sólo jurídicas sino también de carácter personal, nuevamente vuelve a lanzar imputaciones de prevaricación a dicho Juez Instructor y pone en duda el acierto de mantener un sistema procesal penal que atribuya la función instructora a Jueces y Magistrados», afirma FdV.
La asociación se une así a las críticas contra Horrach lanzadas desde otras asociaciones como Jueces para la Democracia o el sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
«Tal proceder por parte del Fiscal nos conduce a insistir nuevamente en la conveniencia de que la instrucción de las causas penales siga llevándose a cabo por autoridades independientes del poder ejecutivo, siendo actualmente en España los jueces y magistrados los únicos que disponen de tal independencia», señala la asociación.
Dependencia jerárquica de Horrach
Añaden que, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda existir en la autoría del escrito de recurso en cuestión, el Ministerio Fiscal es una institución basada en el principio de dependencia jerárquica, lo que sitúa a Horrach «bajo la supervisión del fiscal jefe de la Fiscalía correspondiente, del fiscal general del Estado y, en última instancia, del ministro de Justicia».
La asociación de jueces expresa su apoyo al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, al considerar que el conjunto de la carrera judicial se ve afectado por el contenido de las expresiones vertidas por el Fiscal.
FdV se congratula e la solicitud efectuada por varios vocales del Consejo General del Poder Judicial para estudiar el contenido de las imputaciones efectuadas por el fiscal balear a Castro y exigen a este órgano que «cumpla con su función de amparar a los Jueces y Magistrados que se ven perturbados en el legítimo ejercicio de su función jurisdiccional».