El Grup de Treball Unitari de la comunidad educativa anunció ayer que presentará en los próximos días distintos recursos ante la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJB para reclamar la suspensión cautelar de la aplicación de la orden de desarrollo del TIL de cara al próximo curso. Los recursos se presentarán por entidades concretas, con matices legales complementarios, pero serán apoyados por todas las demás.
Este denominado Grup de Treball Unitari de la comunidad educativa está compuesto por la Assemblea de Docents, la Assemblea de ‘desconcertats', la Plataforma Crida, Fapa Mallorca, la Federació d'Associacions de Directors de Secundària de Balears (FADESIB), la Associació de Directors d'Infantil i Primària de Mallorca (ADIPMA), la Associació Inspectors d'Educació (ADIDE) y los sindicatos STEI-i, FETE-UGT y FE-CCOO.
Representantes de todas estas entidades comparecieron ayer y explicaron que los recursos se fundamentan en que la orden del TIL contradice el Estatut d'Autonomia, la Constitución y la Llei de Normalització lingüística. Además, «vulnera los principios de igualdad de alumnado y la autonomía pedagógica y organizativa del centro». Asimismo, se alegará que la orden hace una interpretación restrictiva del concepto equilibrio. En opinión del portavoz de las familias, la aplicación del TIL para el año que viene es como «querer ir a la luna sin cohete, ni mapa ni astronautas».
En representación de los directores de Secundaria, Antoni Morante declaró que «este año la Conselleria ha conseguido algo que parecía imposible, que es crear un caos más grande incluso que el del año pasado».
Aseguró que en los centros se vive actualmente una situación de «confusión y crispación», porque se están elaborando los proyectos sin los currículos LOMCE aprobados, sin normativa de habilitación –ahora mismo, aseguraron, no hay ningún docente habilitado para impartir materias no lingüísticas en inglés, porque no se ha publicado la orden de habilitación–, con los claustros de profesores en contra, deprisa y con instrucciones contradictorias.
De parte de los inspectores, Pere Ríos reconoció que ante la situación creada, la Conselleria «no sabe cómo salir si no a través de coacciones y amenazas» que, aseguraron las entidades, se están recibiendo en los centros para que se aprueben los proyectos y que, además, para que no se haga mediante votaciones secretas.
Ríos explicó que una vez que el claustro rechaza el proyecto, el director no puede darlo por valido y debe devolverlo para su revisión y para que se someta de nuevo a la votación del claustro. Si este órgano vuelve a votar en contra, el director puede repetir los pasos anteriores de forma indefinida o pasar el tema a la Conselleria para que sea ésta quien lo resuelva. Eso sí, advirtió, si Educació impone estos proyectos no aprobados serán inmediatamente recurridos.
Las familias, por su parte, «viven en una confusión absoluta», por lo que desde la Fapa se ha recomendado que el voto para los nuevos proyectos sea nulo, «para demostrar que todo este proceso es una farsa», apuntó Vicenç Rodrigo. Y añadió: «El TIL es un fraude y no estamos dispuestos a avalarlo».
Por último, el STEI-i advirtió de que la Conselleria está intentando desplazar a docentes funcionarios sin el B2 de inglés o que no quieren impartir clases en esta lengua –«puesto que no se puede obligar a nadie a hacerlo»–, para poner en su lugar a interinos con B2. «Con ello, además están creando un conflicto laboral».
Hasta el momento ya son unos 76 los centros que han rechazado el nuevo proyecto TIL. El plazo para entregarlos es el 15, pero al ser domingo, se supone que se entregarán hoy.