El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, ha acordado el archivo de la imputación del arquitecto Santiago Calatrava, quien fue encausado en el marco de la pieza centrada en su presunta contratación 'a dedo' por 1,2 millones de euros públicos para la elaboración del anteproyecto de una ópera de Palma que nunca llegó a ser construida.
Así lo ha decidido mediante un auto dictado este martes, por el que también ha decretado el sobreseimiento para Francesc Fiol, conseller de Educación y Cultura en la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007), al tiempo que le ha citado a declarar como testigo el próximo día 16, a las 10.00 horas. La Fiscalía Anticorrupción mostró recientemente su conformidad con la petición de archivo del exalto cargo del PP.
En concreto, Fiol, quien el pasado mes de enero cursó su solicitud de sobreseimiento, defiende la legalidad con la que se efectuó el expediente de contratación de Calatrava, cuya tramitación fue llevada a cabo por el Instituto de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales (Ibisec), dependiente de la Conselleria de Educación, y niega que incurriese en delito alguno en el marco de este procedimiento administrativo.
De hecho, en su declaración ante el juez, el 11 de febrero de 2011, el exconseller aseguró que la forma en que se tramitó el expediente estaba «perfectamente prevista» en la Ley y, de hecho, contó con un informe externo favorable, el de dos arquitectos del Ejecutivo balear y el de «la misma abogacía de la Comunidad Autónoma que está personada como acusación particular en este proceso».
Por su parte, el arquitecto defiende que fue Matas quien solicitó sus servicios para realizar un desarrollo inicial de la remodelación del Moll Vell, que culminase con el levantamiento de un teatro de la Opera, lo que fue perfilándose en varias reuniones de trabajo en la sede del Ejecutivo autonómico, en las que estuvieron presentes tanto Matas como Calatrava y su equipo.
Cabe recordar que el anteproyecto de la ópera de Palma, que costó un total de 1,2 millones de euros al Ejecutivo balear, no se llegó a ejecutar debido a una prohibición por parte de la Junta Electoral en 2007, puesto que se pretendía presentar poco antes de las elecciones autonómicas y municipales de ese año.