El pleno del Parlament del próximo martes tiene previsto aprobar la nueva Ley de Transportes, cuyo dictamen incorpora un centenar de enmiendas presentadas por los diversos grupos políticos. Entre las novedades del texto promovido desde la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, que dirige Gabriel Company, el derecho de los usuarios del transporte público a poder viajar con sus mascotas y transportar sus bicicletas.
Ambas propuestas, según figura en el dictamen, confían su regulación a un reglamento posterior. Hasta el momento, en las líneas de la EMT palmesana sólo se permitía la presencia de mascotas en fase experimental de determinadas líneas. Otro tanto ocurre con las bicicletas, que hasta ahora sólo se permitían en el interior de los vagones de las líneas que explota Serveis Ferroviaris de Mallorca.
El texto definitivo de la norma incorpora algunas modificaciones respecto a la propuesta inicial del Govern, entre ellas la obligatoriedad de incorporar una vía para uso exclusivo de los ciclistas en toda la red viaria. En la misma línea de promoción del uso de la bicicleta figura la obligatoriedad de que los edificios de nueva construcción deberán disponer «de emplazamiento específico» para poder guardar las bicicletas, una exigencia que se amplía a los establecimientos públicos.
La apuesta por la bicicleta de la futura ley es inequívoca, toda vez que insta a los ayuntamientos adopten medidas de «pacificación del tránsito» para facilitar la convivencia con el automóvil.
La normativa del taxi también se modifica con la nueva norma. Así, los ayuntamientos podrán conceder licencias temporales y se contempla la creación de una «tarifa plana» para trayectos predeterminados, como ya ocurre en Madrid en el aeropuerto Adolfo Suárez.
Respecto a la concesión de nuevas licencias, la ley fija la fórmula del concurso para las nuevas adjudicaciones y se prima la prioridad de los taxistas asalariados.
Cabe señalar que en cuestiones como el conflicto que enfrenta a los taxistas de Palma con los servicios ilegales, las sanciones que están previstas en la ley oscilan entre los 6.000 y los 12.000 euros, según la gravedad de la infracción.
Otra de las novedades es que podrán entrar en servicio taxis con capacidad para 7 pasajeros, toda vez que la actual reglamentación fijaba como máximo 5 el número de ocupantes por cada vehículo.