El juez instructor del 'caso Nóos', José Castro, afirma en un auto, hecho público ayer, que debe ser la infanta Cristina quien «nos ponga en la pista», subraya, de quiénes pudieron falsificar su firma en algunas de las actas de la sociedad de la que es copropietaria con su marido, Iñaki Urdangarin.
«Y mientras eso no acontezca», añade, «habrá que tener por ciertas las certificaciones expedidas por el secretario de las juntas».
Con ello, el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma desestima un recurso presentado por Manos Limpias, acusación popular en la causa, para que la hija menor del Rey se someta a una pericial caligráfica con el objetivo de comprobar si las firmas que aparecen en las actas de Aizoon son suyas.
«Si doña Cristina de Borbón presidió, simplemente asistió o ni una cosa ni otra, a dichas juntas es algo que difícilmente podría constatarse de manera irrefutable acudiendo a una pericial caligráfica de las firmas que como suyas obren en las referidas actas», precisa el magistrado en su resolución.
Manos Limpias y Frente Cívico «Somos Mayoría», que también ejerce la acusación popular, solicitaban las actas de las juntas universales celebradas por Aizoon en julio de 2005 y abril de 2006, en las que la infanta Cristina y Urdangarin intervinieron como presidenta y secretario, respectivamente, para tomar diversos acuerdos.
Estos acuerdos se elevaron a públicos por Urdangarin ante el notario de Barcelona Carlos Masiá.
«El notario autorizante -señala el juez- era sobradamente conocedor de la identidad de Iñaki Urdangarin Liebaert... razón por la cual ninguna duda debió abrigar sobre la autenticidad de los documentos que se le presentaron para autorizar su elevación a públicos».
Doña Cristina
Añade que «no procede» que terceras personas que no intervinieron cuestionen la «aparente realidad» de tales juntas.
Destaca que una de las «supuestas intervinientes», doña Cristina de Borbón y Grecia, afirmó en el curso de su declaración (el pasado 8 de febrero en Palma en calidad de imputada) que «nunca actuó como presidenta de las aludidas juntas universales, y es más, que ni tan siquiera asistió a ellas».
Y precisa: «Por ello, debe ser ella y no terceros quien, de advertir que su firma ha sido falseada, así lo denuncie».