La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) considera que la legislación del uso de la vivienda privada como apartamentos turísticos no es un problema de regulación sino un problema de «modelo», ya que que el turismo de apartamentos «no es el enfoque más conveniente para el sector».
No obstante, su presidente, Aurelio Vázquez, especificó que los hoteleros no se muestran en contra de este tipo de alojamiento de alquiler sino de aquellos que intentan «invadir» el sector de la oferta reglada al alquilar sus propias viviendas residenciales a turistas y convertirse en «hoteles encubiertos».
Según los cálculos de la patronal, si todas las viviendas residenciales de Baleares apostaran por este modelo, la comunidad recibiría 6 millones de turistas adicionales.
Asimismo, señaló el precio reducido de estos alojamientos como su único «éxito» a la hora de atraer una mayor demanda de clientes, con menos capacidad de gasto para sus vacaciones y en busca de un producto 'low cost', suponiendo una competencia desleal» para el resto de empresas del sector.
Desde la aprobación de la Ley de Turismo 8.2 hace seis meses, Baleares ya cuenta con una legislación reguladora de alquileres vacacionales en la que se prohíbe el arrendamiento plurifamiliar con uso turístico.
Por este motivo, la FEHM insta a los agentes del sector a perseguir y denunciar a aquellas viviendas que, al no estar amparadas por la ley de arrendamiento de viviendas unifamiliares y adosados, se encuentren en un terreno ilegal.
Así, la patronal considera que estas prácticas están produciendo un retroceso hacia un modelo que, no reporta «ningún beneficio» sustancial al conjunto de la economía del sector, a pesar de que aumente el número de clientes, ya que la mayor parte de esta actividad se encuentra «en economías sumergidas».
A FAVOR DE UNA LEGISLACION COMUN.
«Ese modelo no es el que interesa a España y, por tanto, no es el que debe priorizar. No nos conviene para ser la potencia turística que queremos ser», repitió Vázquez, que asegura que estas viviendas sobrecargan las infraestructuras públicas y privadas, sin aportar «valor añadido».
En cuanto a las plataformas de intercambios de viviendas, el organismo ha denunciado la actividad de aquellos canales que comercializan productos no amparados por la ley.
La patronal explica que parte de estos apartamentos pertenecen a compradores y promotores que adquirieron viviendas residenciales durante la burbuja inmobiliaria y que pretenden comercializar estos espacios para dotarlos de rentabilidad ofertando servicios turísticos y a través de canales de comercializan propios de este sector.
«Lo que no se puede hacer es tener un negocio sin estar sujetos a las regulaciones de las empresas y además ofrecer los servicios de un hotel», explicó Vázquez.
En la pasada edición del Foro Hosteltur, la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, instaba a las administraciones públicas a que regulen el uso de viviendas como apartamentos turísticos ante la necesidad de un mercado que «sí existe» y que supone un gran reto para el sector.
Al igual que Baleares, Cataluña y Andalucía son otras dos comunidades que han llegado un acuerdo entre el sector público y privado para la creación de una regulación específica de estos alojamientos, mientras que la Comunidad de Madrid se encuentra trabajando en un decreto.
Desde Baleares ven satisfactorio «un marco regulativo común» para este tipo de alojamiento a nivel nacional que acabará con la competencias entre comunidades, aunque, eso sí, defendiendo el modelo que mantienen en su territorio.