La Fiscalía de Balears ha solicitado al titular del Juzgado de Instrucción 7 de Palma, Antoni Garcías, que no admita a trámite la querella criminal presentada por la Federación de Asociaciones de Padres y Madres (FAPMA) de Menorca contra el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, la consellera de Educació, Joana Maria Camps, y el secretario autonómico de Educació, Guillem Estarellas.
Los querellantes presentaron el escrito a principios de abril, y en él pedían al juez que imputara a Bauzá, Camps y Estarellas por los delitos de prevaricación, desobediencia e impedir el ejercicio de los derechos cívicos por «la imposición del TIL (Tratamiento Integrado de Lenguas)».
Según confirmaron a Ultima Hora fuentes judiciales, el ministerio público no ve indicios de delitos en los hechos denunciados por la FAPMA, y por ello, pide al magistrado que no la admita a trámite. El contenido de la querella contra los responsables de la política educativa de Balears fue consensuado en las asambleas de padres y madres celebradas los pasados meses de octubre y noviembre.
Imposición
En uno de sus párrafos señala: «La imposición de los proyectos del TIL contra el criterio del consejo escolar de los centros podría constituir un delito de impedimento del ejercicio de los derechos cívicos». La querella también alude a los expedientes a los directores de los tres institutos de Maó y a la adopción del decerto-ley del TIL, dos horas después de que el Tribunal Superior de Justícia de Balears dejase sin efecto su aplicación.
La querella fue financiada por las aportaciones voluntarias generadas con la Marxa per l'Educació de octubre de 2013. También se inició un campaña de micromecenazgo para obtener recursos. La Assemblea de Docents, por su parte, realizó una aportación de 200 euros, la máxima que permite la campaña, para dar su apoyo económico a la causa judicial.
La federación de asociaciones de padres de Menorca no se quedó sola. Las juntas directivas de las federaciones de padres y madres de alumnos de las Islas aprobaron dar apoyo a la personación como acusación particular de la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (COAPA) en la querella criminal.
Los padres y madres han mantenido un papel muy activo durante el curso escolar más conflictivo de la historia reciente de Balears. Han mostrado su apoyo a los docentes en su lucha contra la política educativa del Govern y han mostrado su oposición al plan del Ejecutivo para la enseñanza del inglés.