El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) en Balears, Andrés Bou, anunció ayer que presentará una denuncia ante la Gerencia Territorial de Justicia contra el actual estado del edificio que alberga la sede de los juzgados de Vía Alemania.
Parte del sótano de esa sede judicial está agrietado, con grave riesgo de derrumbe, y afecta a la operatividad del Juzgado de lo Penal 8, encargado de la ejecución de las condenas. De hecho, hay unas 3.000 resoluciones dictadas por los jueces de Mallorca entre 2010 y 2012, paralizadas.
Riesgos
«El edificio es un peligro, tiene graves problemas estructurales, y puede venirse abajo. Por ello, pondremos una denuncia ante la Gerencia de Justicia con el objetivo de que un arquitecto certifique que el inmueble no se va a caer, todo ello bajo su responsabilidad», explicó Bou a Ultima Hora.
Bou añadió que los funcionarios han tenido que firmar un papel donde asumen «la responsabilidad» de accecer al sótano afectado, y si lo hacen será «bajo su propio riesgo». «Lo que no puede ser es que un agente judicial se juegue la vida en su trabajo, por ello, preparamos un informe exhaustivo para que solventen las deficiencias de una vez por todas en unas dependencias malditas», señaló el presidente del CSI-F. El juez decano de Palma, Francisco Martínez, dijo que había realizado una inspección ocular a las dependencias afectadas y admitió que el acceso está limitado hasta que «no se den las garantías técnicas, por ello, lo funcionarios han firmado que si acceden a esa zona será bajo su propia responsabilidad», indicó.
«Lo que ha ocurrido no es más que otra gota en el diluvio de carencias de medios materiales, técnicos y personales de un edificio obsoleto, donde ni siquiera existen planes mínimos de prevención de riesgos, ni mucho, uno de evacuación en caso de urgencia», ha precisado Martínez.