La Assemblea de Docents someterá hoy a votación la propuesta de dar un aprobado general a los alumnos este curso, una medida que cuenta con el apoyo ni de las familias, ni de sindicatos, ni de la asociación de directores de centro de Secundaria, y que a juicio de la consellera Camps sería ilegal y daría lugar a sanciones.
Como se recordará, esta propuesta se incluyó en un documento redactado por la Assemblea para ser sometido a debate en cada centro y se fundamentó en que «en las condiciones actuales de recortes y de degradación del sistema educativo, cubrir las necesidades de nuestros alumnos es cada vez más difícil y, por tanto, resulta incongruente suspenderlos cuando no podemos dar respuesta a sus necesidades».
Los centros ya han tomado su decisión estos días, o lo harán hoy mismo, y esta tarde se procederá a votar en la asamblea convocada a las 17.30 horas en sa Pobla. La propuesta sólo se aprobará si logra más del 70 por ciento de los apoyos y de ser así, se procederá a una segunda votación para decidir si ese aprobado general se daría sólo en los cursos en los que se ha aplicado el TIL o en todos. Tampoco se descartan medidas intermedias, como dar el aprobado general sólo en las materias que se han impartido en inglés.
Pero lo cierto es que, pocas horas antes de la votación, las voces contrarias al aprobado general empiezan a ganar terreno. De hecho, por ejemplo, el claustro de profesores del IES Marratxí ha votado en contra. Estas son algunas de las reacciones de la comunidad educativa:
Fapa-Mallorca. Los padres y madres reiteraron que «ante una Conselleria insensible el aprobado general no creemos que sea la fórmula adecuada, pero es decisión de la Assemblea tomar la decisión».
Directores de Primaria. Esta asociación declinó pronunciarse hasta saber si la propuesta se aprueba o no y en qué términos.
Directores de Secundaria. Desde la asociación de directores de Secundaria se reconoció total «respeto» por las decisiones que pueda tomar la Assemblea, «que siempre ha demostrado un sentitdo de la responsabilidad y de defensa de la calidad de la enseñanza pública». No obstante, se añadió que «no somos partidarios de una medida de protesta como ésta, que consideramos que no beneficia al alumnado ni a sus familias, que no será efectiva para conseguir los objectivos que pretende y que, además, puede dar argumentos a todos aquellos sectores interesados en el desprestigio de la educación pública».
CCOO. El sindicato se posiciona en contra, aunque reconoce que «es una acción que nos divide». «Entendemos y compartimos que las posturas se radicalicen puesto que tenemos un gobierno que, en vez de proponer, impone. Pero, la solución al conflicto pasa por propuestas que mantengan la unidad de acción de la comunidad educativa y por la negociación que la Consellera obvía sistemáticamente». Además, explicó que de aprobarse la medida «nuestros servicios jurídicos no podrían prestar ayuda legal a nuestros afiliados como sí hacemos en otro tipo de acciones», porque según los servicios jurídicos del sindicato la medida podría entenderse como una dejación de funciones.
Escola Catòlica. Desde la patronal mayoritaria de los colegios religiosos se afirmó que «no podemos estar de acuerdo con un aprobado general, más alla de la critica legítima que cada sector haga de la política del Govern, entendemos que se puede utilizar a los alumnos para estos fines. Entendemos las dificultade de evaluación que pueda haber en algunos casos, pero no se puede generaliar la medida. En el fondo es un fraude de ley, además de manifiestamente injusto».