Los imputados en el ‘caso Peaje', entre ellos, el exconseller insular de Obres Públiques y el exdirector de Carreteras Antoni Pascual y Gonzalo Aguiar, respectivamente, se enfrentan a delitos penados con más de diez años de cárcel por su participación en los hechos presuntamente delictivos investigados desde 2009 en el desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor.
El fiscal Miguel Ángel Subirán se ratificó ayer en la vistilla previa al enjuiciamiento de la causa por parte de un tribunal del jurado, de su escrito previo, en los que imputa a los 13 querellados los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, falsificación documental y fraude a la administración.
Las defensas de los imputados criticaron al representante del ministerio público por excluir el delito de prevaricación con la finalidad de que la causa sea juzgada por un jurado popular y no por el juez predeterminado o un tribunal profesional.
Vistilla
Explicaron en la vistilla celebrada ayer en los juzgados de Vía Alemania, presidida por la juez instructora del ‘caso peaje', Ana San José, que el fiscal podía haber incurrido en «fraude de ley» al no incluir la prevaricación en sus conclusiones, un delito que sí figuraba en su escrito inicial.
La juez solicitó a los letrados que incidían en la necesidad de incluir la prevaricación si estaban dispuestos a determinar qué personas la habían cometido, supuestamente, pero ninguno de ellos se pronunció al respecto. El fiscal tiene previsto hacer público su escrito final de acusación la próxima semana contra Antoni Pascual, Gonzalo Aguiar, Francisco Orejudo, Gabriel Mestre, Jaime Mascaró, Jerónimo Gutiérrez, José Javier Navarro, Mónica Florit, Pedro Miguel Riera, Sebastián Cloquell, Bartolomé Cloquell, Guillermo Garí y Carlos Calafat.
El fiscal solicitó el sobreseimiento para Larbi Machetoui, Damiá Nicolau, Miguel Pascual, Antonio Pons y Jesús Fernández, defendidos por los abogados Juan Roig, Diego Wencesblat, Juan Miguel Moragues y Fernando Mateas.