«Hace tres meses que el Consell de Mallorca me robó a mi hijo y estoy desesperada, me está afectando a la salud, por eso he decidido ponerme en huelga de hambre hasta que me lo devuelvan». Es el testimonio de una madre que asegura ser víctima de las mentiras y la venganza de su propio padre, un policía retirado «que siempre me maltrató cuando era niña».
Esta madre reside con su hijo, de seis años, en Reino Unido, pero decidió pasar la fiesta de Reyes en Palma, de donde es natural, y pocos días antes de que tomaran el avión de vuelta, «seis o siete policías nos tiraron la puerta de casa encima y me arrancaron a mi hijo de mis brazos». «El niño se resistió tanto que se le rompió el jersey», y desde entonces la madre atesora el trozo de lana negra.
«A partir de ahí me pasé más de 50 días sin poder hablar por teléfono con él, me quitaron la tutela temporalmente y ni me dijeron dónde estaba. Ahora ya sé que está en un centro de menores a la espera de que se llegue a juicio», comenta.
La madre denuncia que el Consell «no está haciendo nada para resolver la situación, no parecen interesados en juntarnos lo antes posible, están agotando plazos cuando no hay ningún motivo para esta separación, que podría arreglarse fácilmente sin tener que ir a juicio».
La semana pasada se personó ante la Fiscalía para firmar un escrito con su reclamación y ha tenido que buscarse un trabajo, hasta que puedan regresar a su hogar, «porque esta situación nos ha causado mucho daños y perjuicios».
Alejamiento
Asegura que en 2011 logró una orden de alejamiento de su padre, «porque se había empezado a meter con el niño», «y, por eso, después mis padres se tomaron la revancha diciendo muchas mentiras. Pero no me denunciaron ellos directamente, sino que fueron los mismos guardia civiles que se personaron en casa supuestamente para protegernos mientas nos marchábamos de casa de mis padres los que denunciaron la posible desprotección del menor».
«Son amigos de mi padre y además se pusieron en contacto con instituciones del Reino Unido para comprobar mi posible precariedad económica». Pero, asevera, «no pueden demostrar nada, todo lo que tienen son presunciones, yo, en cambio, tengo la orden de alejamiento, los papeles que demuestran que sí tenía ingresos, e incluso un certificado médico que constata que estoy en plena posesión de mis facultades mentales».
La madre quiere que el proceso se agilice, que le permitan defenderse y «recuperar a mi hijo cuanto antes».