La teniente de alcalde Irene San Gil está en una especie de limbo jurídico después de que la jueza que la imputó por falsedad y prevaricación suspendiera su declaración. La edil estaba citada junto a tres funcionarios de Cort en relación a supuestas irregularidades en la selección del tribunal para las oposiciones de acceso a la Policía Local en el año 2012. En concreto, desde el juzgado se reclamaban determinados documentos de esta prueba que no habían sido remitidos por Cort.
La primera imputada en declarar entregó a la magistrada toda la documentación que hasta ahora no había llegado al juzgado. A partir de ahí se suspendieron el resto de declaraciones, a la espera de que la documentación sea examinada tanto por el ministerio público como por la instructora. De ese examen dependerá que San Gil quede libre de sospecha o de que sea citada de nuevo para que preste declaración de forma efectiva. La investigación estaba hasta ayer bajo secreto de sumario en una pieza separada de la causa que analiza las irregularidades en unas pruebas policiales de 2011. En este caso se trata de las pruebas del año siguiente en las que varios imputados por colaborar con los Ángeles del Infierno formaron parte del tribunal. El juzgado pretenía conocer cómo se seleccionó a estas personas y, de hecho, la Guardia Civil acudió dos veces a Cort para reclamar esa documentación. Como no se entregó, la Fiscalía la reclamó por escrito al consistorio y el asunto terminó con la imputación de los funcionarios y la responsable de función pública.